Resumen Ejecutivo: El Cierre del Gobierno de 2025: Un Análisis Multifactorial de Gobernanza Fiscal
El cierre del gobierno federal de los Estados Unidos, iniciado a las 12:01 a. m. (EDT) del 1 de octubre de 2025, es la culminación de un prolongado estancamiento político-ideológico que ha persistido por cerca de 29 días. Este evento no es un simple fallo administrativo en la aprobación de asignaciones, sino una crisis de gobernanza multifactorial impulsada por tres ejes principales de disputa: la extensión de subsidios claves de seguros médicos (ACA/Medicaid), los niveles y duración del gasto federal, y una confrontación constitucional sobre el control ejecutivo de los fondos asignados por el Congreso.
El tranque fue causado por la incapacidad del Congreso para lograr la mayoría de 60 votos en el Senado para cualquier proyecto de ley de financiamiento, ya fuera la propuesta republicana o la contraoferta demócrata, lo que obligó a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) a ejecutar los planes de cierre. La responsabilidad del estancamiento recae en ambas partes, que utilizaron el proceso de asignaciones como una arena de batalla para políticas sustantivas y altamente polarizadas, volviendo el compromiso mutuamente excluyente.
La Administración Trump y la mayoría Republicana en la Cámara de Representantes se negaron a ceder en la extensión de los subsidios de salud y abogaron por un período de financiamiento más corto (hasta enero), lo que limitaba el tiempo de negociación del Congreso. Por su parte, los Demócratas en el Senado utilizaron el requisito de supermayoría para exigir la revocación de los recortes de $840 mil millones a Medicaid (impuestos en julio de 2025) y la extensión de los subsidios de ACA. Además, la disputa se intensificó por la preocupación Demócrata de que la Administración Trump utilizara tácticas ejecutivas controvertidas, como las “rescisión de bolsillo” para anular el control del Congreso sobre el gasto, y la amenaza de usar el cierre como “cobertura” para despidos masivos (Reducción de Fuerzas o RIF) de empleados federales.
Los costos del cierre han sido inmediatos y permanentes. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que la interrupción resultará en una pérdida económica permanente (no recuperable) de entre $7 mil millones y $14 mil millones, además de reducir temporalmente el crecimiento anualizado del PIB real en hasta 2.0 puntos porcentuales en el trimestre afectado.
I. Introducción y Marco Histórico del Cierre Federal de 2025
A. Contexto Temporal y Posicionamiento Histórico
El cierre del gobierno federal de 2025 comenzó oficialmente a las 12:01 a. m. (EDT) del 1 de octubre de 2025, al no lograrse la aprobación de la legislación necesaria para financiar las operaciones federales en el nuevo año fiscal. Este episodio representa la vigésima primera interrupción de financiamiento en la historia del país y el undécimo cierre gubernamental moderno. Notablemente, es el tercero que ocurre durante la presidencia de Donald Trump y el primero desde el cierre de 35 días experimentado entre 2018 y 2019.
El análisis de este fenómeno se sitúa aproximadamente en el día 29 de la interrupción. Los efectos negativos de los cierres sobre la economía no son lineales; la CBO ha señalado que el impacto negativo crece a medida que se prolonga la duración del cierre.
B. El Mecanismo Legal y Político del Tranque
El sistema presupuestario federal exige que el Congreso apruebe 12 proyectos de ley de asignaciones para financiar a las agencias y servicios gubernamentales. Cuando esto no es posible antes del inicio del nuevo año fiscal (1 de octubre), el Congreso debe aprobar una Resolución Continua (CR), un mecanismo de financiación a corto plazo que mantiene los niveles de gasto existentes mientras se negocia un presupuesto completo.
En el cierre de 2025, el fracaso se produjo en dos niveles: la incapacidad de aprobar los proyectos de ley de asignaciones anuales y el rechazo de múltiples propuestas de resoluciones continuas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Una vez que el financiamiento expira, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) emite una orden para ejecutar los planes de cierre, lo que resulta en la suspensión de operaciones “no esenciales” y la suspensión temporal de cientos de miles de empleados.
El cierre de 2025 se distingue por representar una escalada en el uso de la crisis presupuestaria para fines de política sustantiva. Históricamente, los cierres se han centrado en disputas sobre los niveles de gasto general o demandas singulares (como la financiación del muro fronterizo en 2018-2019). Sin embargo, la crisis de 2025 es más profunda, ya que los desacuerdos fueron incrustados en la legislación obligatoria de financiamiento, forzando un referéndum sobre políticas sociales de gran envergadura (ACA y Medicaid) y el balance de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este enfoque politizado y de alto riesgo transforma el ejercicio de asignaciones de un proceso técnico a una arena de renegociación de leyes fundamentales, garantizando que el cierre fuera prolongado, costoso y difícil de resolver.
II. La Triple Batalla Ideológica: El Porqué del Estancamiento Crónico
El cierre federal de 2025 se origina en un estancamiento político prolongado entre republicanos y demócratas, centrado no en una, sino en tres áreas interconectadas de disputa: la cobertura de seguros médicos, los niveles de gasto federal y el alcance de las operaciones gubernamentales bajo la administración en curso.
A. Eje 1: El Bloqueo de la Atención Médica (ACA y Medicaid)
La disputa sobre la financiación del sistema de salud pública y los subsidios a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) constituyó el punto de fricción más sensible y de mayor impacto social del estancamiento.
1. La Demanda Demócrata: Protección de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA)
Los Demócratas condicionaron su apoyo a la legislación de financiamiento a la extensión de la expansión del subsidio tributario premium (Crédito Tributario Premium, PTC). Estos créditos, ampliados durante la era de la pandemia, permiten a los contribuyentes elegibles reclamar créditos para cubrir las primas del mercado de seguros médicos. La extensión de esta expansión era un requisito indispensable para la oposición.
Según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), extender el PTC resultaría en un aumento de 3.8 millones en el número de personas con seguro médico para el año 2035 y, al mismo tiempo, aumentaría el déficit federal en $350 mil millones. La CBO también proyecta que la extensión reduciría las primas generales. La negativa Republicana a incluir esta extensión, como lo evidenció el Presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, al presentar un proyecto de gasto sin estos subsidios, tenía la intención de forzar a los Demócratas a aceptar un estatus quo que incrementaría las primas de seguros de salud para los beneficiarios de ACA.
2. Revocación de los Recortes del OBBBA a Medicaid
El proyecto de ley Demócrata también exigía la revocación de disposiciones introducidas en una legislación anterior, el “One Big Beautiful Bill Act” (OBBBA) de julio de 2025, que había reducido la financiación de Medicaid. El OBBBA contenía más de 30 disposiciones de Medicaid que, según la CBO, recortarían $840 mil millones del gasto de Medicaid en los próximos 10 años.
Una disposición particularmente controvertida del OBBBA restringía la elegibilidad a personas que estuvieran trabajando, entrenando o como voluntarios por al menos 80 horas al mes, un cambio que por sí solo recortaría $344 mil millones y, lo más crítico para los Demócratas, aumentaría el número de personas sin seguro en 7.8 millones. Al integrar la reversión de estos recortes masivos en la legislación de financiamiento, los Demócratas transformaron el cierre de 2025 en un referéndum forzado sobre el tamaño y el alcance del estado de bienestar social en Estados Unidos.
3. Distorsión Retórica y Realidad del Impacto Social
En medio de las negociaciones fallidas, la retórica se polarizó. El Vicepresidente estadounidense, JD Vance, responsabilizó a los Demócratas, acusándolos de insistir en propuestas para beneficiar a “inmigrantes ilegales”. No obstante, el análisis fáctico de las propuestas demócratas indica que ni la extensión de los Créditos Tributarios Premium (PTC) ni la revocación de los recortes del OBBBA aumentarían o restablecerían la cobertura para inmigrantes indocumentados. En realidad, estas acciones buscaban preservar la cobertura de salud para aproximadamente 14.2 millones de personas, en su gran mayoría ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legalmente presentes. La utilización de la retórica de inmigración sirvió como un dispositivo político para desviar la atención de las consecuencias directas de los recortes propuestos a la población legalmente cubierta.
B. Eje 2: La Lucha por el Control de los Niveles de Gasto Federal y la Estrategia de Corto Plazo
La disputa sobre la duración del financiamiento reflejó diferentes prioridades estratégicas sobre la capacidad del Congreso para influir en el presupuesto.
La Administración Trump y los defensores del rigor fiscal abogaron por financiar al gobierno solo hasta enero. Un período de financiamiento tan corto (una CR muy limitada) habría puesto inmediatamente al gobierno de nuevo en riesgo de cierre, manteniendo una presión constante sobre los Demócratas. Por el contrario, los Demócratas y algunos Republicanos buscaron un acuerdo hasta noviembre o, idealmente, hasta el final del año fiscal, para garantizar un tiempo adicional y menos presionado para alcanzar un compromiso integral.
Además de la duración, el estancamiento se vio exacerbado por recortes unilaterales y propuestas de rescisión de la Administración. En agosto, los Republicanos ya habían aprobado la solicitud de la Administración de rescindir 9.000 millones de dólares asignados a la ayuda exterior y a la radiodifusión pública. El plan Republicano que fracasó en el Senado proponía extender los niveles de financiamiento existentes, pero sin incluir los subsidios de ACA, hasta el 21 de noviembre. Esta estrategia de la mayoría Republicana en la Cámara buscaba utilizar el cierre inminente como palanca para imponer condiciones específicas en materia de gasto y política social.
III. La Crisis del Poder Ejecutivo: La Disputa Constitucional sobre el Control del Gasto
Un tercer factor fundamental que profundizó el estancamiento fue la confrontación directa sobre la autoridad constitucional del gasto, centrada en las acciones de la Casa Blanca para controlar los fondos ya asignados por el Congreso.
A. El Mecanismo de las “Rescisiones de Bolsillo”
Las “rescisión de bolsillo” representan una maniobra ejecutiva altamente controvertida. Se producen cuando el presidente propone la rescisión de fondos tan cerca del final del año fiscal que no proporciona al Congreso los 45 días continuos legislativos requeridos para considerar o rechazar la solicitud. El resultado es que los fondos quedan retenidos por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) hasta que expiran, esencialmente anulando la asignación del Congreso.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) ha calificado estas acciones como ilegales, argumentando que socavan y eluden el control constitucional del Congreso sobre el presupuesto. La Administración Trump intensificó el conflicto con el anuncio de un paquete de “rescisión de bolsillo” el 29 de agosto, dirigido a recortar fondos del USAID y del Departamento de Estado.
Esta confrontación transforma el cierre de una simple disputa presupuestaria a una crisis sobre la separación de poderes. El Congreso percibe que la Administración está intentando reescribir de facto la Ley de Control de Rescisiones de 1974, despojando al poder legislativo de su autoridad fundamental de gasto. Por lo tanto, limitar el poder de rescisión se convirtió en una demanda esencial, no negociable, para los Demócratas, quienes incluyeron disposiciones en su contraoferta para establecer un Inspector General en la OMB y restringir su capacidad de retener fondos.
B. La Amenaza de Reducción de Personal (RIF) y la Reestructuración del Gobierno
Además de las rescisiones de fondos, la Administración Trump indicó que podría utilizar el cierre gubernamental como una “cobertura” para implementar una reducción de fuerzas (RIF) a gran escala, lo que implicaría la terminación directa de empleados federales.
Esta amenaza de despidos masivos representa una dimensión estratégica del cierre que va más allá de la gestión temporal del presupuesto. No solo afecta a los empleados suspendidos temporalmente, sino que, como se indica en análisis legislativos, “potencialmente pone en peligro la capacidad del gobierno para servir al público incluso después de que el Congreso y el Presidente lleguen a un acuerdo”. La disposición del gobierno a tolerar el cierre o incluso utilizarlo tácticamente con el objetivo de reestructurar permanentemente la fuerza laboral federal, independientemente de la necesidad operativa, convierte el cierre en un arma estratégica para reducir permanentemente el alcance del gobierno.
IV. Votaciones Fallidas y la Identificación de Responsables (El Quién)
El cierre se concretó por la incapacidad de ambos partidos para superar la regla del filibusterismo en el Senado, que requiere 60 votos para la mayoría de la legislación de financiamiento.
A. El Desglose Legislativo y la Falta de Consenso
Tanto los proyectos de ley de financiamiento de los Republicanos como los de los Demócratas fueron derrotados en repetidas votaciones en la Cámara y el Senado antes y después del 1 de octubre. En el Senado, la propuesta republicana, que buscaba extender el financiamiento (sin los subsidios de ACA) hasta el 21 de noviembre, fracasó al sumar solo 55 votos, cinco por debajo de los 60 necesarios. La propuesta demócrata, que incluía la extensión de los subsidios de ACA y la revocación de recortes en salud, también fue derrotada con 47 votos a favor.
Esta dinámica demuestra que el quién responsable del tranque es el sistema político polarizado que permite a la minoría Demócrata utilizar el filibusterismo para bloquear cualquier acuerdo que no satisfaga sus demandas de política sustantiva (salud), mientras que la mayoría Republicana se niega a ceder en principios ideológicos de reducción del alcance gubernamental y del gasto social.
B. Narrativas Partidistas de Responsabilidad Cruzada
El estancamiento fue acompañado por narrativas agresivas y cruzadas, donde cada parte culpó a la otra.
1. Narrativa Republicana (La Casa Blanca)
La Administración Trump declaró que el cierre era un “Cierre Demócrata” y acusó a la oposición de “obstrucción”. La Casa Blanca sostuvo que los Demócratas estaban chantajeando al gobierno al exigir la inclusión de una “lista de deseos” política (la extensión de los créditos de ACA) en una CR, en lugar de aprobar una financiación limpia. Esta perspectiva argumentaba que la oposición estaba “jugando con la política de alto riesgo sin un plan firme de salida o incluso una idea de cómo podría ser la victoria”.
2. Narrativa Demócrata (El Congreso)
Los Demócratas, por su parte, argumentaron que su oposición y la disposición a tolerar el cierre eran necesarias para detener la agenda de la Administración. Su justificación se basaba en la necesidad de:
a) Detener los recortes masivos e inaceptables a Medicaid y proteger la cobertura de salud de millones de estadounidenses.
b) Contener la expansión del poder ejecutivo, especialmente el uso de las ilegales “rescisión de bolsillo” y la amenaza de despidos federales.
La disposición del Presidente Trump a cancelar abruptamente las reuniones de compromiso con los líderes demócratas, calificando sus demandas de “poco serias”, indica que la Administración estaba estratégicamente dispuesta a permitir que el cierre se prolongara. Esta tolerancia al riesgo sugiere que la Casa Blanca vio el cierre como una herramienta para aumentar la presión sobre la oposición y facilitar objetivos secundarios, como las reducciones de personal a largo plazo. Por lo tanto, la responsabilidad del tranque se comparte en la incapacidad de negociar compromisos sobre temas de política sustantiva.
V. Impacto Operacional y Consecuencias Económicas Cuantificadas
El cierre prolongado ha impuesto costos operacionales inmediatos y consecuencias económicas cuantificables que, según el análisis, serán permanentes en parte.
A. Impacto en la Fuerza Laboral Federal y Servicios Críticos
El cierre afectó inmediatamente a la fuerza laboral federal, que se divide en dos categorías:
- Suspensión Temporal: Aproximadamente 800,000 empleados federales fueron suspendidos temporalmente de sus labores.
- Trabajo sin Remuneración Inmediata: Otros 700,000 empleados clasificados como “esenciales,” incluyendo personal militar, deben seguir trabajando sin recibir su remuneración inmediata hasta que se apruebe la financiación. Generalmente, los beneficios como el seguro de salud continúan, pero los ajustes pueden demorarse.
Si bien los servicios considerados esenciales continuaron (Fuerzas Armadas, procesamiento y pago de reclamos de Medicare y Medicaid, y las operaciones del Servicio Postal), la disrupción es amplia. Muchas agencias redujeron drásticamente su personal, suspendiendo actividades cruciales como la publicación de datos económicos, investigaciones científicas, y la revisión de subvenciones. Las comunicaciones o la asistencia de las agencias se han vuelto difíciles o imposibles debido a la suspensión de personal temporal.
El impacto más preocupante a largo plazo es la indicación de que la Administración podría usar el cierre para ejecutar reducciones de fuerza (RIF) permanentes. Esto no solo generaría gastos de compensación prolongados, sino que comprometería estructuralmente la capacidad del gobierno para operar eficazmente después del fin del cierre.
B. Análisis Económico Cuantificado de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO)
El costo económico del cierre es significativo y se manifiesta en pérdidas tanto temporales (recuperables) como permanentes (irrecuperables).
La CBO, en su análisis cualitativo de los efectos del cierre al 17 de octubre de 2025, proyectó que, dependiendo de su longitud, el cierre reduciría el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real anualizado en ese trimestre en 1.0 a 2.0 puntos porcentuales. Si bien la mayor parte de esta caída se recupera una vez que el gobierno reanuda sus operaciones (a través del pago retroactivo a los empleados), una parte de la actividad económica perdida nunca se recupera.
La CBO estimó que la pérdida económica permanente para la economía será de entre $7 mil millones y $14 mil millones (en dólares de 2025). Esta pérdida no recuperable se debe a interrupciones en la cadena de valor, como proyectos de investigación científica detenidos, inspecciones gubernamentales no realizadas, permisos demorados y los costos de preparación y reapertura de las agencias. El fracaso de la gobernanza fiscal básica genera ineficiencia estructural, un costo que la sociedad asume puramente por la volatilidad política.
Además de la pérdida directa de PIB, los expertos señalan costos adicionales:
- Costos de Preparación: Las agencias gastan días y recursos significativos preparándose para el cierre, asegurando instalaciones y congelando pagos.
- Costos Contractuales: Los contratistas federales aumentan los precios de sus contratos de manera proactiva, conscientes del riesgo constante de interrupción de pagos por futuros cierres.
- Efectos Multiplicadores: Los gobiernos estatales y locales, que dependen en gran medida de los fondos federales, se ven obligados a entrar en modo de crisis, retrasando servicios y mantenimiento.
La siguiente tabla resume las estimaciones económicas clave de la CBO:
Tabla: Estimación del Impacto Económico del Cierre del Gobierno de 2025 (Análisis CBO)
| Métrica Económica | Efecto Estimado (al Octubre de 2025) | Naturaleza del Impacto |
| Reducción Anualizada del PIB Real (Trimestral) | 1.0 a 2.0 puntos porcentuales. | Temporal (Gran parte es recuperable tras el fin del cierre). |
| Pérdida Económica Permanente (No Recuperable) | Entre $7 mil millones y $14 mil millones (en dólares de 2025). | Estructural, debido a ineficiencias, retrasos permanentes y costos de preparación/cierre. |
| Fuerza Laboral Afectada (Aproximada) | 800,000 suspendidos temporalmente; 700,000 trabajando sin pago inmediato. | Disrupción en la moral y operación gubernamental. |
VI. Conclusiones y Proyecciones de Gobernanza Futura
El cierre del gobierno federal de 2025 es un hito de la polarización política que ha trascendido las disputas presupuestarias convencionales. El estancamiento se explica fundamentalmente por la intersección de tres agendas políticas de alto riesgo: la renegociación del estado de bienestar (ACA/Medicaid), la reducción agresiva del gasto (recortes de $840 mil millones) y una disputa constitucional sobre el poder ejecutivo para anular el gasto del Congreso.
A. Implicaciones de la Inserción de Política Sustantiva
La decisión de los Demócratas de utilizar la necesidad de financiamiento del gobierno como palanca para revertir los recortes de Medicaid y extender los subsidios de ACA subraya la falta de canales legislativos efectivos para resolver disputas sustantivas en un Congreso dividido. Esta táctica, aunque arriesgada, fue vista como el único medio para proteger la cobertura de 14.2 millones de personas. Esta práctica, de vincular la política social de alto impacto a proyectos de ley de financiación obligatorios, garantiza que los futuros cierres no solo sean posibles, sino probables y potencialmente más prolongados.
B. Riesgo Constitucional y Estrategia Ejecutiva
La confrontación sobre las “rescisión de bolsillo” es la manifestación más clara de una crisis constitucional. Si el Congreso no logra limitar efectivamente la autoridad ejecutiva de la OMB en esta materia, se establecerá un precedente que permite al Presidente retener fondos unilateralmente, debilitando permanentemente el control del Congreso sobre la fiscalidad y el gasto, un pilar de la separación de poderes.
Además, la sugerencia de la Administración Trump de usar el cierre para ejecutar despidos permanentes (RIF) indica una estrategia para utilizar las interrupciones presupuestarias no solo como una herramienta de negociación temporal, sino como un medio para reducir el tamaño y la capacidad operativa del gobierno federal de manera irreversible, independientemente del acuerdo de financiamiento final.
C. El Costo de la Ineficiencia Política
La pérdida económica permanente estimada de entre $7 mil millones y $14 mil millones representa el costo directo de la ineficiencia en la gobernanza fiscal. Este costo irrecuperable demuestra que el uso del cierre como instrumento de negociación ideológica resulta fiscalmente contraproducente, ya que el gasto y la pérdida de actividad económica generada por la interrupción superan cualquier beneficio hipotético de la “disciplina fiscal” que las partes buscan imponer.
Referencias
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- (2025). Cierre del gobierno federal de los Estados Unidos en 2025. https://es.wikipedia.org/wiki/Cierre_del_gobierno_federal_de_los_Estados_Unidos_en_2025
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Daniel Marte, PhD
Daniel Marte es un reconocido académico y profesional con una destacada trayectoria en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Obtuvo su doctorado (Ph.D.) en la prestigiosa Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y cuenta con dos maestrías: una en Administración Pública (M.P.A.) y otra en Administración de Empresas (M.B.A.) de la misma institución. Además, posee una Maestría en Sistemas de Información (M.I.S.) y un Bachillerato en Administración (B.B.A.) de la Universidad de Maryland, College Park.
A lo largo de su carrera, Daniel ha enriquecido su formación académica con certificados ministeriales de instituciones reconocidas, como las Asambleas de Dios, Berean School of the Bible y Global University. Actualmente, se desempeña como profesor en línea en la McCourt School of Public Policy de Georgetown University y el Departamento de Política de NYU-Wilf Family, donde imparte cursos especializados en Ciencias Políticas, Política Internacional y Política en el Medio Oriente.
La pasión de Daniel por la enseñanza se complementa con su dedicación a la investigación y la escritura. Es autor de un libro basado en su tesis doctoral, utilizado como texto de referencia en destacadas universidades de los Estados Unidos, como la National Defense University, National War College, Army War College, American University y la Ford School of Public Policy de la Universidad de Michigan, Ann Arbor.
Con más de 35 años de experiencia combinada en las fuerzas armadas y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Daniel ha trabajado en seguridad nacional e inteligencia, además de servir como asesor para los comités de inteligencia y defensa del Congreso de los Estados Unidos, abarcando tanto la Cámara de Representantes como el Senado.
Elizabeth Marte
Elizabeth, esposa de Daniel, es una destacada profesional de la salud con una sólida carrera en enfermería. Obtuvo su Bachillerato en Ciencias de la Enfermería (BSN) en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y ha acumulado una vasta experiencia como enfermera registrada (RN) en hospitales y centros de diálisis. Actualmente, se encuentra cursando estudios conducentes a un grado doctoral en Psicología Clínica (PsyD.) en la Universidad Albizu.
Compromiso con la comunidad y la fe
Daniel y Elizabeth son miembros de la Iglesia de Dios Pentecostal, M.I. Bo. Arenales Altos de Isabela, Puerto Rico, donde están bajo la guía del Pastor Milton Alvarado. Su participación en la comunidad de fe refuerza su compromiso tanto con la educación como con la espiritualidad, combinando su pasión por el servicio académico y ministerial con su vida personal y profesional.