Introducción
En el conservadurismo puertorriqueño se ha instalado una narrativa peligrosa. Se afirma que el reconocimiento de la personalidad jurídica del nasciturus en el Código Civil y la tipificación del doble homicidio en casos de mujeres gestantes esconden una “píldora venenosa” que, supuestamente, legaliza o blinda el aborto. Este argumento no es jurídico; es retórico. Surge de una confusión —a veces honesta, otras deliberada— entre dos ramas del derecho que nunca se han mezclado: el derecho civil y el derecho penal.
Este ensayo demuestra que dicha acusación carece de base doctrinal, viola principios elementales del derecho penal y responde más a pulsiones ideológicas que a un análisis jurídico serio.
I. Dos cuerpos normativos, dos funciones distintas
El Código Civil regula las relaciones privadas: capacidad jurídica, herencias, filiación, daños y contratos. El Código Penal tipifica los delitos, establece penas y fija los requisitos de culpabilidad. No son intercambiables.
En el derecho penal moderno rige el principio de legalidad estricta: nullum crimen, nulla poena sine lege. Nadie puede ser procesado penalmente si la conducta no ha sido tipificada previamente, de manera expresa y estricta, en el Código Penal. En Puerto Rico, este principio está protegido por el Artículo II, Sección 11, de la Constitución y por el propio Código Penal de 2012.
Pretender que una disposición civil —por más simbólica que sea— pueda generar consecuencias penales es jurídicamente imposible.
II. El nasciturus como sujeto civil no es una innovación ideológica
La figura del nasciturus como sujeto de derechos civiles existe desde el derecho romano y se mantiene vigente en múltiples sistemas jurídicos comparados. Su función es patrimonial y protectora: herencias, fideicomisos, daños y perjuicios, seguros, reclamaciones civiles.
Reconocer personalidad jurídica civil al nasciturus no crea delitos, no impone penas y no modifica los tipos penales existentes. Solo opera dentro del marco privado del derecho civil.
III. La cláusula de salvaguarda: técnica legislativa, no traición
El texto que ha sido caricaturizado como “píldora venenosa” dice:
“No menoscaba derechos de la gestante. La ley no afecta la potestad de la mujer embarazada para tomar decisiones sobre su embarazo, conforme a la ley vigente.”
Esta no es una rendición ideológica. Es una cláusula de coordinación normativa. En la técnica legislativa, se conoce como cláusula de no derogación o de salvaguarda.
Su propósito es claro:
• Evitar conflictos entre estatutos.
• Impedir interpretaciones penales por analogía.
• Proteger la constitucionalidad de la ley.
• Blindar el estatuto frente a impugnaciones por vaguedad o por exceso.
Eliminar esa cláusula no fortalecería la ley. La haría vulnerable, impugnable y potencialmente nula.
IV. La ley de doble homicidio: tipificación cerrada y limitada
La tipificación penal de doble homicidio en casos que involucran mujeres gestantes es una figura autónoma y delimitada. Exige:
• conducta violenta ilícita
• intención criminal
• resultado muerte
• nexo causal directo
Además, excluye expresamente:
“conducta relacionada con un aborto legalmente realizado.”
No hay ambigüedad aquí. Hay delimitación penal estricta.
V. El mito de la “píldora venenosa”
El argumento sostiene que toda cláusula de salvaguarda constituye una traición a la vida. Esto no es derecho; es maximalismo ideológico.
Una ley que pretende ignorar principios constitucionales no se vuelve más justa. Se vuelve inaplicable.
Paradójicamente, quienes denuncian la supuesta “píldora venenosa” están exigiendo una ley:
• inconstitucional
• jurídicamente indefendible
• fácilmente anulable en tribunales
• políticamente inviable
No están defendiendo la vida. Están promoviendo un desastre jurídico.
Conclusión
El reconocimiento civil del nasciturus no criminaliza. La cláusula de salvaguarda no traiciona. La ley de doble homicidio no persigue los abortos legales. Todo lo demás es propaganda.
El conservadurismo que no entiende el derecho termina por destruir las propias herramientas que dice defender. No se protege la vida con eslóganes, sino con leyes constitucionalmente sólidas, técnicamente precisas y jurídicamente sostenibles.
Referencias
Asamblea Legislativa de Puerto Rico. (2020). Código Civil de Puerto Rico, Ley Núm. 55-2020.
Asamblea Legislativa de Puerto Rico. (2012). Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 146-2012.
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 11.
Cerezo Mir, J. (2010). Curso de derecho penal español: Parte general (7.ª ed.). Tecnos.
Díaz Cruz, M. (2018). Interpretación de las leyes y técnica legislativa. Editorial Jurídica Venezolana.
Ferrajoli, L. (2011). Derecho y razón: Teoría del garantismo penal (9.ª ed.). Trotta.
Muñoz Conde, F., & García Arán, M. (2015). Derecho penal: Parte general (9.ª ed.). Tirant lo Blanch.
Rivera Ramos, E. (2014). Derecho constitucional de Puerto Rico y sus relaciones con los Estados Unidos. Editorial Jurídica Venezolana.
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Daniel Marte, PhD
Daniel Marte es un reconocido académico y profesional con una destacada trayectoria en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Obtuvo su doctorado (Ph.D.) en la prestigiosa Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y cuenta con dos maestrías: una en Administración Pública (M.P.A.) y otra en Administración de Empresas (M.B.A.) de la misma institución. Además, posee una Maestría en Sistemas de Información (M.I.S.) y un Bachillerato en Administración (B.B.A.) de la Universidad de Maryland, College Park.
A lo largo de su carrera, Daniel ha enriquecido su formación académica con certificados ministeriales de instituciones reconocidas, como las Asambleas de Dios, Berean School of the Bible y Global University. Actualmente, se desempeña como profesor en línea en la McCourt School of Public Policy de Georgetown University y el Departamento de Política de NYU-Wilf Family, donde imparte cursos especializados en Ciencias Políticas, Política Internacional y Política en el Medio Oriente.
La pasión de Daniel por la enseñanza se complementa con su dedicación a la investigación y la escritura. Es autor de un libro basado en su tesis doctoral, utilizado como texto de referencia en destacadas universidades de los Estados Unidos, como la National Defense University, National War College, Army War College, American University y la Ford School of Public Policy de la Universidad de Michigan, Ann Arbor.
Con más de 35 años de experiencia combinada en las fuerzas armadas y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Daniel ha trabajado en seguridad nacional e inteligencia, además de servir como asesor para los comités de inteligencia y defensa del Congreso de los Estados Unidos, abarcando tanto la Cámara de Representantes como el Senado.
Elizabeth Marte
Elizabeth, esposa de Daniel, es una destacada profesional de la salud con una sólida carrera en enfermería. Obtuvo su Bachillerato en Ciencias de la Enfermería (BSN) en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y ha acumulado una vasta experiencia como enfermera registrada (RN) en hospitales y centros de diálisis. Actualmente, se encuentra cursando estudios conducentes a un grado doctoral en Psicología Clínica (PsyD.) en la Universidad Albizu.
Compromiso con la comunidad y la fe
Daniel y Elizabeth son miembros de la Iglesia de Dios Pentecostal, M.I. Bo. Arenales Altos de Isabela, Puerto Rico, donde están bajo la guía del Pastor Milton Alvarado. Su participación en la comunidad de fe refuerza su compromiso tanto con la educación como con la espiritualidad, combinando su pasión por el servicio académico y ministerial con su vida personal y profesional.