“Votar inteligentemente hoy es la única garantía de que nuestras libertades, nuestros valores y nuestras leyes sigan vigentes mañana. El futuro de Puerto Rico no se construye con protestas simbólicas; se construye ganando el poder para gobernar.” – Dr. Daniel Marte
Las recientes expresiones vertidas en el hemiciclo por la senadora Joanne Rodríguez Veve no constituyen una mera retórica legislativa; representan una advertencia ineludible sobre la fragilidad de nuestras instituciones y el peligro inminente que acecha a las causas de derecha. Su ponencia, que alerta sobre las declaraciones públicas del presidente del Partido Popular
Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera, nos coloca frente a una realidad cruda: la izquierda y el liderato de la pava no ocultan sus intenciones. Hernández Rivera ha sido diáfano al establecer que, de asumir el control del Ejecutivo y del Legislativo, utilizará todo su capital político para enmendar, desarticular o derogar el andamiaje legal de corte conservador, con un énfasis particular en eliminar cualquier restricción, regulación o avance relativo al aborto.
Ante este panorama, el discurso político en Puerto Rico se encuentra en una encrucijada que no admite titubeos. La defensa de los valores que comparte la gran mayoría de nuestra sociedad exige mucho más que buenas intenciones o pureza ideológica; exige integridad intelectual, cálculo racional y un profundo sentido de responsabilidad histórica. Es imperativo comenzar, desde hoy, un proceso de educación sobre el impacto decisivo del voto estratégico.
La corrupción del pensamiento político y las utopías electorales
Para abordar este reto, es necesario enfrentar lo que podríamos catalogar como una forma de corrupción del pensamiento y del discurso político en los propios círculos conservadores y religiosos. Esta “corrupción” no se refiere al mal manejo de fondos públicos, sino a la distorsión intelectual que ocurre cuando se abandona el pragmatismo de la gobernabilidad para abrazar utopías imaginarias. Fomentar la idea de que se puede gobernar un país desde la pureza ideológica absoluta, ignorando las matemáticas electorales, es venderles a los votantes un triunfo ficticio.
La política no es el arte de la utopía, sino el arte de lo posible. Aferrarse a una opción que carece de la infraestructura para ganar es una forma de negligencia que termina por facilitar la llegada al poder de quienes buscan destruir los cimientos que defendemos.
La barrera matemática: por qué la división es una sentencia de derrota
Para proteger la filosofía política conservadora, el análisis debe estar anclado en la realidad de nuestro sistema electoral de mayoría simple, en el que no existe la segunda vuelta. El candidato que obtiene la mayoría de los votos gana y, en este sistema, la división de una mayoría ideológica garantiza, por omisión, la victoria de sus adversarios.
El surgimiento de fuerzas emergentes como Proyecto Dignidad (PD) ha captado una fracción del electorado de derecha, aglutinando un bloque respetable de aproximadamente 81,369 votos en los comicios pasados. Sin embargo, la integridad en el análisis político nos obliga a mirar los números con absoluta frialdad:
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La ilusión de la silla ejecutiva: Para alcanzar la gobernación, se requiere un mínimo histórico de 380,000 a 400,000 sufragios. Pensar que un partido emergente puede cuadruplicar o quintuplicar su base en un solo ciclo electoral para asumir el Ejecutivo es una anomalía estadística casi imposible.
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La trampa legislativa de los distritos: El control de la Cámara y el Senado no se logra acumulando votos a nivel de isla, sino ganando los distritos representativos y senatoriales. En la inmensa mayoría de estos distritos, la base de un tercer partido no cuenta con el volumen necesario para derrotar las maquinarias establecidas. El resultado inevitable es que los candidatos minoritarios terminan en un distante tercer lugar, pero habiendo restado suficientes votos al candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) para que este pierda frente al PPD o a la izquierda.
La lección histórica: Gobierno dividido y el reto de la implementación
Un vistazo a la historia política de los últimos años ilustra vívidamente el costo de no ejercer un voto estratégico. Cuando el electorado se fragmenta y produce un gobierno dividido —donde la gobernación pertenece a un partido y la legislatura a sus opositores— el resultado directo es el secuestro institucional y la parálisis.
Bajo estas circunstancias, los nombramientos cruciales de corte conservador al Tribunal Supremo, a la Secretaría de Educación o al Departamento de la Familia son condicionados o tajantemente rechazados por las agendas de la oposición.
Más aún, las políticas públicas valientes sufren enormemente bajo gobiernos fragmentados o con mayorías débiles. Un ejemplo claro fue el intento de reducir el gigantismo del aparato gubernamental mediante la Ley 7. La idea detrás de la Ley 7 fue excelente en su concepción para lograr la responsabilidad fiscal, pero el problema principal radicó en su implementación. Para ejecutar reformas estructurales de esa magnitud y resistir el embate de las uniones y la izquierda, se requiere una cohesión de poder absoluta entre el Ejecutivo y ambas cámaras legislativas. Un voto dividido hace imposible gobernar y ejecutar políticas de reestructuración profundas.
La defensa de la obra: lo que está verdaderamente en juego
Un voto estratégico y decisivo no es una claudicación; es el vehículo maduro para proteger las victorias ya alcanzadas. A través de mayorías legislativas y firmas ejecutivas del PNP, se han logrado establecer y proteger políticas públicas que hoy están bajo amenaza directa:
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El Código Civil de 2020: un esfuerzo titánico que logró preservar definiciones fundamentales sobre la vida, el concebido y la familia, resistiendo inmensas presiones de los sectores progresistas.
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La libertad religiosa e institucional: leyes y protecciones que garantizan el derecho de nuestras instituciones e iglesias a operar sin coacción por parte del Estado.
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El freno a la ideología de género: la resistencia institucional y legislativa para evitar la imposición de currículos con perspectiva de género en el sistema público de educación.
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Controles en la industria del aborto: Las recientes regulaciones y normativas administrativas para fiscalizar y establecer controles rigurosos en las clínicas de aborto de la isla.
Todo este andamiaje, construido con dificultad y voluntad política, es exactamente lo que Pablo José Hernández Rivera y la coalición de izquierda (PIP-MVC) han prometido desmantelar.
El surgimiento de la izquierda y el llamado a la acción
Mientras el sector conservador invierte su energía en debatir sobre la pureza de sus candidatos, la izquierda política ha entendido el pragmatismo del poder. La alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) ha reconfigurado el tablero, creando un bloque opositor unificado. A esto se suma la persistente maquinaria del PPD.
El trío de oposición (PIP, MVC, PPD) no necesita aliarse formalmente en toda la isla para causar un revés a las causas de derecha; solo necesita que dividamos nuestra fuerza.
Llamado a la acción: No podemos permitirnos el lujo del letargo ni la arrogancia de la pureza electoral. Entregarles las riendas del país, el poder de confirmación de jueces y el control del calendario legislativo a quienes desean borrar nuestra cosmovisión es un acto de suicidio político.
Hacemos un llamado a la conciencia del electorado conservador, a los líderes cívicos y a la base religiosa: es imperativo consolidar el voto. Debemos rechazar la ilusión de las victorias imposibles y ejercer un sufragio estratégico en favor de la estructura que posee la viabilidad numérica real para frenar el retroceso social. Votar inteligentemente hoy es la única garantía de que nuestras libertades, nuestros valores y nuestras leyes sigan vigentes mañana. El futuro de Puerto Rico no se construye con protestas simbólicas; se construye ganando el poder para gobernar.


