¿Crisis energética o excusa para otro golpe? Una reflexión necesaria sobre Puerto Rico y su presente

El apagón general que sufrió Puerto Rico el pasado 16 de abril de 2025 no fue el primero, y lamentablemente, no será el último. Pero sí revela una peligrosa tendencia: el uso de la frustración colectiva como herramienta de manipulación política. Las fallas del sistema eléctrico no nacieron ayer, y mucho menos pueden resolverse a través de protestas, consignas populistas o destituciones impulsivas. Si no analizamos con honestidad cómo llegamos hasta aquí, corremos el riesgo de repetir nuestros peores errores: cambiar de caras sin cambiar las causas, desahogarnos sin construir, y ceder la democracia a la presión emocional sin rumbo ni dirección.

1. La crisis energética no comenzó con LUMA

La fragilidad del sistema energético puertorriqueño tiene raíces profundas. En 1994, el Contralor de Puerto Rico advirtió sobre la falta de mantenimiento preventivo en las plantas generatrices. A pesar de múltiples propuestas de modernización, como las iniciativas de transformación estructural impulsadas en el cuatrienio de Luis Fortuño, la inercia burocrática y el oportunismo político impidieron reformas sostenidas.

En 2014, Moody’s degradó la calificación crediticia de la AEE a “bonos chatarra”, reflejo de su deterioro financiero. Luego, en 2017, tras el azote del huracán María, el colapso completo del sistema eléctrico demostró lo que ya sabíamos: no había redundancia, no había reservas operacionales, y no había visión a largo plazo.

Culpar al contrato con LUMA Energy por décadas de negligencia es no solo injusto, sino intelectualmente deshonesto.

2. Sindicatos: del derecho legítimo a la presión desmedida

Defender el derecho a la sindicalización no puede convertirse en excusar prácticas abusivas. Por años, sindicatos de la AEE negociaron condiciones laborales que distaban mucho de la realidad fiscal del país. Bonificaciones por asistencia, acumulaciones excesivas de licencias, cláusulas de permanencia sin evaluación, y esquemas de retiro costosos formaban parte de un andamiaje que terminó siendo insostenible.

Según datos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para el 2018 la AEE acumulaba más de $3,400 millones en obligaciones de pensiones no financiadas, muchas de ellas producto de negociaciones sindicales que ignoraban la realidad contributiva y operativa de la Autoridad.

Además, en múltiples momentos, como en los paros de 2014 y 2015, los sindicatos utilizaron la paralización de servicios esenciales como arma de presión. El resultado fue un deterioro progresivo del servicio que terminó castigando no a los administradores ni a los políticos, sino al pueblo. 

3. La quiebra de la AEE: una consecuencia anunciada

El 2 de julio de 2017, la AEE se acogió al Título III de PROMESA, marcando su entrada formal a la quiebra federal. Para entonces, su deuda superaba los $9,000 millones. El colapso fue causado por una mezcla de mala gerencia, corrupción, prácticas sindicales insostenibles y decisiones políticas guiadas por cálculos electorales en lugar de análisis técnico.

Este proceso de reestructuración ha sido lento y complejo, sujeto a negociaciones con acreedores, revisión de tarifas por parte de la JSF, y conflictos sobre la privatización. Pero lo cierto es que ninguna solución mágica ha surgido del caos. Y si bien hay espacio para mejorar la supervisión sobre contratos como el de LUMA, la quiebra no fue culpa de la privatización. Fue la privatización parcial la que intentó contener el desmoronamiento.

4. Cancelar a LUMA no es tan simple como parece

La narrativa populista ha hecho creer que el contrato con LUMA puede simplemente cancelarse “porque el pueblo lo exige”. Pero el contrato, regido por la Ley 120-2018, tiene cláusulas específicas que regulan su terminación. La cláusula 15, por ejemplo, establece penalidades, requisitos de notificación formal y la necesidad de garantizar continuidad del servicio en caso de cancelación anticipada.

Cancelar a LUMA sin una alternativa viable y responsable sería un salto al vacío. Además, ese tipo de precedente envía un mensaje peligroso a futuras empresas licitadoras: en Puerto Rico, los contratos se cancelan no por incumplimiento legal, sino por presión popular. ¿Qué empresa seria querrá invertir en la Isla bajo esas condiciones? La inestabilidad política no solo ahuyenta la inversión: perpetúa el colapso institucional.

Y mientras se discute la cancelación, nadie habla de la generación eléctrica, la parte del sistema que sigue bajo control público y que ha sido responsable de la mayoría de los apagones recientes.

5. Culpar a la gobernadora: oportunismo político

Jennifer González asumió la gobernación el 2 de enero de 2025. Desde entonces, ha enfrentado múltiples crisis, incluyendo esta reciente emergencia energética. Atribuirle la culpa del colapso eléctrico, apenas 100 días después de haber tomado posesión, es tan ridículo como malintencionado.

Sí, debe rendir cuentas, comunicar mejor y liderar. Pero responsabilizarla por un sistema que colapsó bajo tres o cuatro administraciones anteriores es ignorar deliberadamente la historia. Muchos de los que hoy la critican guardaron silencio cuando se firmaron contratos, se paralizaron reformas o se toleraron abusos sindicales.

El pueblo tiene derecho a exigir. Pero también tiene el deber de ser justo en sus exigencias. 

6. ¿Verano del 2019 versión 2.0?

Ya se escuchan los ecos de aquel nefasto verano. “¿Cuándo vamos a hacer algo?” preguntó esta semana el artista Bad Bunny en sus redes sociales, refiriéndose al apagón generalizado del 16 de abril (El Nuevo Día, 2025). No es coincidencia. Ese mismo lenguaje fue el que alimentó la narrativa que provocó la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló en 2019, tras la filtración de un chat cuya edición fue luego cuestionada.

Bad Bunny, Residente y otras figuras públicas participaron entonces de manifestaciones legítimas, sí, pero que al final forzaron la renuncia de un gobernador sin juicio político ni proceso legal, sentando un precedente peligroso: el de que la presión de la calle puede anular los mecanismos constitucionales de la democracia.

Ahora, ese mismo libreto vuelve a desplegarse. Pero con una diferencia: quienes avivan la llama desde las redes sociales, luego regresan a sus mansiones en Miami o Nueva York, mientras el pueblo se queda a oscuras… y solo. Ellos no sufren las consecuencias de la inestabilidad que siembran. Agitan la masa, pero no se hacen cargo.

7. El peligro de la manipulación emocional

El problema no es protestar. El problema es hacerlo sin una visión clara, sin un análisis profundo y sin respeto al proceso democrático. Puerto Rico no necesita más agitadores; necesita constructores. No necesita más consignas; necesita reformas. Y no necesita repetir el caos del pasado; necesita encender una nueva etapa de responsabilidad, seriedad y verdad.

Sí, el sistema energético necesita mejoras. Sí, LUMA debe rendir cuentas. Sí, la gobernadora debe liderar con claridad. Pero no podemos seguir apagando incendios con gasolina política ni repitiendo errores del pasado como si el caos fuese sinónimo de justicia.

Resumiendo, la democracia no es perfecta, pero sigue siendo nuestro mejor escudo contra el autoritarismo y el oportunismo ideológico. Cancelar contratos, forzar renuncias o empujar agendas desde la presión callejera sin propuesta viable es abrirle la puerta al desgobierno y al populismo.

Puerto Rico necesita luz. Pero no solo la que provee un generador: necesita la luz de la conciencia, del análisis serio, del compromiso real con el bien común. Porque la historia nos observa… y también nos juzga.