Cuando la narrativa sustituye el conocimiento: corporaciones, sesgos y la controversia sobre Politank

“Hay quienes no investigan los hechos: simplemente le ponen escándalo a lo que no entienden.” — Dr. Daniel Marte

En Puerto Rico abundan las controversias públicas que se alimentan más de intuiciones que de conocimiento. Cuando un asunto mezcla política, dinero, relaciones de poder y estructuras corporativas, el debate suele degradarse con rapidez. Se comenta antes de entender, se concluye antes de examinar y se acusa antes de distinguir entre lo sospechoso y lo comprobable. La controversia sobre Politank y la interpelación al licenciado Francisco Domenech parecen estar moviéndose, en buena medida, dentro de ese patrón.

Lo que se ha reportado públicamente es relativamente claro en un punto esencial. Domenech sostuvo ante el Senado que era el dueño del 100% de Politank y que la corporación le pagó cuatro millones de dólares por sus acciones, afirmando, además, que el pago se completó el 1 de enero de 2025. Al mismo tiempo, la cobertura periodística ha dejado ver que persisten dudas públicas sobre quién quedó con el control de la empresa tras esa transacción (El Nuevo Día, 2026a; Metro Puerto Rico, 2026a). Esa es, en términos sencillos, la base visible del asunto.

Sin embargo, la discusión pública no ha sido dominada por el análisis técnico de cómo funcionan las corporaciones, sino por una narrativa política que convierte la falta de comprensión en indignación moral. Por eso conviene examinar este caso desde tres ángulos distintos. Primero, la narrativa pública construida. Segundo, los sesgos con los que todos llegamos al debate. Tercero, el desconocimiento bastante extendido sobre la forma en que operan las corporaciones en el derecho privado.

La narrativa como sustituto del análisis

Toda controversia política necesita un relato. En este caso, ese relato ha sido más o menos el siguiente: si la corporación pagó por las acciones de su dueño, entonces la transacción es sospechosa; si el funcionario no identifica de inmediato con detalle quién quedó al mando, entonces algo impropio ocurrió; y si las respuestas no satisfacen el tono del interrogador, esa ambigüedad se presenta como una forma de confesión indirecta. Así opera la narrativa pública. No necesariamente a base de prueba, sino a base de insinuación.

El problema es que una narrativa puede ser políticamente efectiva y jurídicamente débil al mismo tiempo. La cobertura reciente muestra que gran parte del choque público ha girado precisamente en torno a la insistencia en que Domenech explicara “quién compró” Politank, mientras él respondía que la corporación compró sus acciones (El Nuevo Día, 2026a; Metro Puerto Rico, 2026a). Para el oído popular eso puede sonar extraño. Para el derecho corporativo, sin embargo, no constituye una imposibilidad absurda.

Ahí es donde se revela una de las grandes fallas del comentario público en Puerto Rico. Se cree que si algo no suena intuitivo, entonces tiene que ser ilegal. Se cree que si algo no se entiende a primera vista, entonces tiene que esconder un esquema. Y se cree, además, que una repregunta agresiva equivale a una refutación. Pero ninguna de esas cosas es cierta por sí sola.

La controversia, por tanto, no puede analizarse adecuadamente si se confunde el lenguaje del escándalo con el del derecho. Una pregunta políticamente cargada no sustituye una explicación jurídica. Una sospecha mediáticamente rentable no equivale a una irregularidad probada. Y una mala comprensión del tema no se convierte en verdad solo porque circula con fuerza en redes sociales, columnas o entrevistas.

El peso de los sesgos en la lectura del caso

Toda persona que mira esta controversia llega con equipaje previo. Algunos ya desconfían de Domenech y leerán cualquier estructura corporativa como prueba de opacidad. Otros ya desconfían de Thomas Rivera Schatz y verán la interpelación como un simple instrumento de lucha por el poder. Ambos grupos pueden tener parte de razón en sus sospechas, pero también pueden caer fácilmente en el mismo error: permitir que su conclusión anteceda al análisis.

Ese problema no es menor. Un debate sano requiere distinguir entre sospecha, inferencia y prueba. Sospechar no es demostrar. Inferir no es comprobar. Y repetir una narrativa no es entender el asunto que se comenta.

En este caso, además, el debate no ocurre en el vacío. La insistencia del presidente del Senado, el tono del proceso y las relaciones políticas que rodean a varios de los actores han alimentado la percepción de que, detrás de la fiscalización, también hay una lucha de poder. Esa lectura no es irracional. De hecho, la propia cobertura periodística subraya que la comparecencia dejó más dudas públicas que respuestas claras y que la discusión se ha ampliado al abordaje del poder gubernamental y de las relaciones entre actores clave del entorno político (El Nuevo Día, 2026b; Metro Puerto Rico, 2026a).

Ahora bien, una posible animosidad política no elimina automáticamente la legitimidad de toda pregunta. Pero tampoco la existencia de una pregunta convierte automáticamente el proceso en una búsqueda pura y desinteresada de la verdad. Ambas cosas pueden coexistir. Puede haber interés real en fiscalizar y, al mismo tiempo, motivaciones de control, de presión o de ajuste interno de cuentas. La política, especialmente en estructuras partidistas complejas, rara vez opera en categorías puras.

Por eso, es más honesto intelectualmente admitir que los sesgos operan en todas las direcciones. Quien ya decidió que aquí hubo ilegalidad interpretará cada vacío como prueba. Quien ya decidió que todo es una vendetta interna minimizará cualquier duda válida. Ambos extremos empobrecen el análisis.

Cómo funciona una corporación, explicado sin enredos

El gran vacío de esta controversia es que mucha gente opina sobre corporaciones sin entender su funcionamiento básico. Y ese desconocimiento da lugar a comentarios erróneos con una seguridad impresionante.

Una corporación es una persona jurídica distinta de sus accionistas. Esa es la base de todo. No es simplemente “el dueño con otro nombre”. No es una máscara automática del individuo. No es un alias legal. Es una entidad separada, con personalidad propia, patrimonio propio, capacidad contractual propia y reglas internas de gobierno corporativo. La Ley General de Corporaciones de Puerto Rico reconoce precisamente esa estructura y le concede a la corporación poderes específicos sobre sus activos, sus operaciones y hasta sobre sus propias acciones (Gobierno de Puerto Rico, 2009/2025; Laws of Puerto Rico, 2024).

Eso tiene consecuencias prácticas importantes. Una persona puede fundar una corporación, poseer todas sus acciones y aun así no ser jurídicamente idéntica a la entidad. Por eso, en determinadas circunstancias, la corporación puede celebrar actos con sus propios accionistas. Entre esos actos está, bajo la ley, la posibilidad de adquirir, poseer y negociar sus propias acciones, sujeta a ciertas restricciones relativas al capital y la solvencia (Laws of Puerto Rico, 2024).

Dicho en términos simples, sí, una corporación puede recomprar acciones de su dueño o de uno de sus accionistas. Eso existe. No es una fantasía jurídica. No es, en sí mismo, prueba automática de fraude. Y no es una locura semántica decir que “la corporación compró las acciones”, si eso fue efectivamente lo que ocurrió dentro del marco permitido por la ley.

La cobertura más reciente, precisamente, apunta a esa explicación técnica. Metro Puerto Rico reportó que expertos consultados coincidieron en que el mecanismo descrito por Domenech apunta a un rescate corporativo de acciones, es decir, a una recompra por parte de la propia empresa, aunque también subrayaron que persisten lagunas sobre quién asumió la titularidad posterior y cómo quedó estructurado el control de la firma luego de la salida de Domenech (Metro Puerto Rico, 2026b).

Ese matiz es crucial. Porque cambia por completo la pregunta correcta. La pregunta correcta no es si una corporación puede hacerlo. En términos generales, la respuesta es sí. La pregunta correcta es otra: ¿se hizo correctamente? ¿Existían los fondos y la capacidad legal para hacerlo? ¿Qué aprobaciones internas se adoptaron? ¿Quién quedó como accionista luego de la recompra? ¿Quedaron acciones en tesorería? ¿Se emitieron o se transfirieron posteriormente a terceros? ¿Quién ejerce hoy el control real de la entidad? Esas son preguntas inteligentes. Decir simplemente “eso no puede ser porque suena raro” no lo es.

La opacidad no siempre significa ilegalidad

Otro error común en este tipo de controversias es pensar que si una operación privada no se explica públicamente con lujo de detalles, entonces necesariamente es ilícita. Esa idea también es equivocada.

En la práctica corporativa, especialmente en compañías privadas, no toda transacción exige una divulgación pública amplia al estilo de una empresa cotizada en bolsa. Un análisis de práctica corporativa para Puerto Rico, incluido en una guía internacional de Chambers, señala que, en términos generales, los accionistas no tienen que divulgar públicamente el propósito de una adquisición ni su intención respecto al control de una corporación privada, salvo en contextos regulados específicos, como banca, seguros u otros escenarios particulares (Ferraiuoli LLC, 2020). Eso no elimina la obligación de cumplir con la ley ni impide que ciertos documentos deban radicarse ni que determinadas actuaciones deban sostenerse internamente. Pero sí significa que parte del comentario público se basa en una expectativa equivocada sobre cuánta información una empresa privada está obligada a exponer al país entero.

Eso no exonera a nadie de responder preguntas legítimas cuando existe interés público. Pero sí obliga a distinguir entre lo que sería políticamente deseable conocer y lo que jurídicamente debe divulgarse. Confundir ambos planos solo genera más ruido.

El problema de los comentaristas que no entienden corporaciones

Aquí llegamos al punto más incómodo y más importante. Gran parte de la controversia pública no ha mostrado un dominio serio del derecho corporativo. Ha expuesto, más bien, una mezcla de intuición popular, sospecha política y desconocimiento técnico.

Eso no significa que toda defensa del mecanismo corporativo sea correcta ni que toda crítica esté mal planteada. Significa algo más simple: demasiados comentaristas han hablado de la figura corporativa como si fuera, por definición, un artefacto oscuro o una trampa del poderoso, cuando en realidad se trata de una herramienta jurídica ordinaria de organización económica. La corporación no es el problema por sí misma. El punto, si lo hay, está en la manera en que se usó, en la documentación que la respaldó, en la legalidad de la operación concreta y en la transparencia exigible según el caso.

Hay una enorme diferencia entre cuestionar el uso específico de una estructura corporativa y demonizar la existencia misma de esa estructura. Lo primero puede ser legítimo. Lo segundo delata ignorancia. Y en esta controversia, muchas intervenciones parecen moverse precisamente en esa confusión.

El riesgo de ese tipo de comentario es que termina por convertir el debate público en una escena en la que lo complejo siempre luce culpable. Si la gente no entiende una operación, la condena. Si no domina la terminología, la ridiculiza. Y si alguien explica la mecánica corporativa, se asume que está “defendiendo a alguien”. Esa reacción es intelectualmente pobre y políticamente peligrosa.

Lo que realmente debería discutirse

Si el país quisiera discutir este tema con seriedad, la conversación tendría que desplazarse. Menos indignación automática y más precisión. Menos frases hechas y más preguntas bien dirigidas.

Lo que corresponde examinar no es si una corporación puede adquirir sus propias acciones. La ley reconoce que sí puede hacerlo, con restricciones importantes (Gobierno de Puerto Rico, 2009/2025; Laws of Puerto Rico, 2024). Lo que corresponde examinar es si esa operación específica se estructuró correctamente, si la empresa tenía la capacidad financiera para ello, si las formalidades internas se observaron, si el resultado posterior de la titularidad quedó documentado y si existe alguna conexión actual o indirecta que mantenga relevancia pública.

Eso requiere cabeza fría. Requiere distinguir entre el derecho corporativo y el teatro político. Requiere separar el análisis de la animosidad. Y requiere, sobre todo, dejar de comentar como si el simple uso de una corporación fuera una confesión.

Resumén

La controversia sobre Politank no se limita a una transacción corporativa. También habla de cómo discutimos en Puerto Rico. Habla de nuestra tendencia a reemplazar el conocimiento por la narrativa. Habla de nuestros sesgos políticos. Habla de la facilidad con que lo complejo se vuelve sospechoso cuando no se entiende. Y habla, además, de una grave debilidad en la conversación pública: demasiada gente opina sobre corporaciones sin comprender siquiera sus principios más básicos.

No toda opacidad equivale a ilegalidad. No toda insistencia en fiscalizar nace de una búsqueda limpia de la verdad. No toda estructura corporativa encubre un esquema. Y no todo comentario duro revela conocimiento. A veces, lo que una controversia deja al descubierto no es solo el objeto investigado, sino también la pobreza analítica de quienes la comentan.

Quizás la gran lección de este caso sea esa. Antes de convertir una transacción en un escándalo, conviene entender de qué se trata. Porque cuando la narrativa sustituye el conocimiento, el debate público deja de esclarecer y comienza a deformar.

Referencias

El Nuevo Día. (2026a, marzo 24). Francisco Domenech ante el Senado: más dudas que respuestas sobre la venta de Politank. (El Nuevo Día)

El Nuevo Día. (2026b, marzo 25). Francisco Domenech defiende su comparecencia ante el Senado: “Yo contesté todas las preguntas que se me hicieron”. (El Nuevo Día)

Ferraiuoli LLC. (2020). Corporate M&A. Chambers Global Practice Guides. (Ferraiuoli)

Gobierno de Puerto Rico. (2025). Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, Ley 164-2009, según enmendada. Biblioteca Virtual OGP. (Bvirtual OGP)

Laws of Puerto Rico. (2024). Title 14, § 3594: Powers of corporation respecting ownership, etc., of its own shares. (Justia)

Metro Puerto Rico. (2026a, marzo 24). Venta de Politank: $4 millones salieron de la empresa, según Domenech. (Metro Puerto Rico)

Metro Puerto Rico. (2026b, marzo 26). Venta de Politank apunta a rescate corporativo, pero deja lagunas clave. (Metro Puerto Rico)