En los últimos meses, algunos medios han cuestionado las deportaciones de inmigrantes ilegales que, según el gobierno estadounidense, están vinculados a pandillas. Informes como los del Washington Post señalan que en algunos casos las decisiones se basaron en tatuajes o ropa. Los críticos lo califican como racial profiling o “evidencia circunstancial”.
Como ex agente del Departamento de Estado, con años de servicio a nivel federal y en múltiples task forces, y con experiencia directa en América Latina y regiones de EuroAsia, puedo decir con claridad: los tatuajes y la vestimenta no son simples elecciones estéticas. Son señales. Son códigos. Y en el trabajo de seguridad, son herramientas fundamentales.
He trabajado en países donde mafias, cárteles y pandillas transnacionales usan la inmigración ilegal como táctica estratégica. No se trata solo de personas buscando una vida mejor. También se trata de infiltración. Lo he visto en Centroamérica, en los Balcanes y en zonas fronterizas: miembros de organizaciones criminales entran sin documentos, se mezclan con la población migrante y comienzan a establecer territorios, reclutar y ejecutar actividades ilícitas. No siempre tienen antecedentes criminales en EE. UU., pero sí traen consigo el crimen organizado.
En estos contextos, los tatuajes no son decoración. Un número “13” en tinta negra no es casualidad: puede hacer referencia a la pandilla MS-13. Una lágrima tatuada puede indicar un asesinato. Las iniciales “SUR” o “NORTE” tienen implicaciones concretas dentro del sistema carcelario y en las calles. En 2018, el Departamento de Justicia federal desmanteló una célula de la MS-13 en Nueva York. Varios miembros habían ingresado como menores no acompañados. ¿Cómo los identificaron inicialmente? Por los tatuajes, su lenguaje corporal y la vestimenta, según documentos judiciales.
¿Significa esto que todos los que tienen tatuajes son delincuentes? No. Pero en inteligencia y seguridad se trabaja con patrones. Un solo tatuaje no justifica nada. Pero un tatuaje, sumado a afiliaciones conocidas, visitas a zonas controladas por pandillas, historial de viajes sospechosos y lenguaje codificado, sí puede justificar una investigación, y en ciertos casos, una deportación.
Hay que evitar el “perfil racial” injustificado, claro. Pero también hay que ser honestos: ignorar signos por miedo a la controversia mediática es irresponsable. La seguridad nacional no puede quedar paralizada por la corrección política.
“La tinta no mata, pero a veces señala quién sí lo hará.” Daniel Marte, Ph.D.
Las pandillas no esperan a que tengamos “pruebas legales”. Reclutan a jóvenes sin papeles precisamente porque no tienen antecedentes. Si esperamos a que cometan un crimen aquí, ya es demasiado tarde.
Estados Unidos tiene el derecho, y la obligación, de proteger sus fronteras. Identificar vínculos con pandillas mediante símbolos, tatuajes y patrones de conducta no es discriminación; es prevención.
Como dijo el exfiscal general Jeff Sessions en 2017 al referirse a la MS-13:
“La pandilla más violenta y despiadada opera en nuestro país, y no podemos esperar a que maten para actuar.”
Yo no estoy a favor de la deportación indiscriminada. Estoy a favor de la acción inteligente y accionable. Y eso empieza por no subestimar la tinta.