El rol del Secretario de Estado en Puerto Rico
En el orden constitucional de Puerto Rico, el cargo de Secretaria o Secretario de Estado es una de las posiciones más relevantes dentro del Ejecutivo. Establecido por el Artículo IV, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado (Constitución del ELA, 1952), este funcionario actúa como el principal asesor del Gobernador en asuntos intergubernamentales e internacionales, y además, es el primero en la línea de sucesión en caso de que el Gobernador se ausente, renuncie, sea destituido o fallezca.
A diferencia de otras secretarías de gabinete, el nombramiento del Secretario de Estado requiere confirmación por ambos cuerpos legislativos: la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico. Este requisito adicional refleja el peso institucional del cargo, pues la persona nominada no solo desempeña funciones administrativas, sino que también podría asumir la gobernación en situaciones extraordinarias.
Entre sus funciones principales se incluyen: representar al Gobierno de Puerto Rico en acuerdos y relaciones con otras jurisdicciones; custodiar y publicar documentos oficiales; dirigir oficinas y divisiones relacionadas con asuntos consulares y servicios notariales; y servir como enlace clave con agencias federales y gobiernos estatales en EE. UU.
Por la naturaleza de sus responsabilidades, el puesto requiere altos niveles de confianza pública, integridad personal y preparación profesional.
Contexto de la nominación
La licenciada Verónica Ferraiuoli fue nominada por la gobernadora Jenniffer González para ocupar el cargo de Secretaria de Estado. Durante el proceso de confirmación legislativa, se reveló que Ferraiuoli no había radicado sus planillas de contribución sobre ingresos correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023. Inicialmente se pensó que eran solo dos años, pero fue el propio secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, quien aclaró que fueron tres, y afirmó también que la omisión no constituía delito alguno (El Nuevo Día, 2025a).
Ferraiuoli explicó que había delegado dicha responsabilidad en su contable autorizado, y que fue ella misma quien, al solicitar copia de una planilla, descubrió la omisión. Posteriormente radicó las planillas y pagó las penalidades correspondientes, ascendentes a $7,075 en recargos e intereses (Metro PR, 2025). La propia nominada hizo pública esta información antes de que se divulgara por otros medios.
Reacciones políticas y éticas
Una pieza clave en el tablero político es la postura del presidente de la Cámara de Representantes, quien, a pesar de la controversia y tras escuchar las vistas públicas celebradas en el Senado, ha reiterado su respaldo a la nominada. Esta expresión pública no solo equilibra la narrativa de oposición dentro del PNP, sino que refuerza el argumento de que Ferraiuoli aún cuenta con apoyo institucional en el Legislativo.
La reacción dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) ha sido mixta. Mientras algunos sectores respaldan la nominación como un acto de buena fe y transparencia, otros, como los senadores Thomas Rivera Schatz y Ángel Toledo, han expresado su oposición categórica. Para estos legisladores, el problema no es la legalidad, sino el mensaje ético que se proyecta (El Nuevo Día, 2025b).
Por su parte, la gobernadora González ha defendido su designación, afirmando que Ferraiuoli actuó de forma responsable y transparente al corregir la situación. También ha calificado las críticas como desproporcionadas e incluso, en algunos casos, influenciadas por sesgos de género (Telemundo PR, 2025).
Comparaciones con casos anteriores
La controversia ha avivado la discusión sobre la coherencia en la aplicación de los estándares éticos. Dos casos emblemáticos han sido utilizados para contrastar la situación de Ferraiuoli.
Mariana Nogales
La representante Mariana Nogales enfrentó una investigación por omitir información financiera en sus informes éticos, incluyendo propiedades y vinculaciones corporativas. Aunque la Cámara de Representantes le impuso una reprimenda y multa, no fue hallada culpable por un tribunal (Primera Hora, 2023).
Nicolás Nogueras
El exsenador Nicolás Nogueras fue expulsado del Senado en 1996 tras una investigación legislativa por no rendir informes financieros conforme a la Ley de Ética Gubernamental. Sin embargo, nunca fue encausado penalmente y su licencia para ejercer la abogacía permaneció intacta (El Nuevo Día, 1996).
Análisis comparativo
En comparación, Ferraiuoli no fue hallada culpable ni sancionada por una entidad externa. Fue ella quien identificó la omisión, la hizo pública y tomó acción correctiva. El hecho de que se enfrente a una oposición interna tan significativa, a pesar de no haber cometido delito alguno, plantea interrogantes sobre la consistencia del juicio ético y el impacto de factores políticos.
Es aquí donde algunos analistas apuntan a una posible “doble vara”: una actitud más permisiva con otras figuras, mientras que en este caso se exige un nivel de pulcritud casi absoluto. ¿Es esta una exigencia legítima por la naturaleza del cargo, o una muestra de lucha interna y conveniencia estratégica?
A esto se suman cuestionamientos adicionales: ¿Hubiera tenido esta misma repercusión de tratarse de un funcionario varón? ¿Estamos presenciando un acto de fiscalización o de penalización interna por razones no explícitas? ¿Existe una cultura política que disuade la transparencia al castigar a quienes reconocen errores?
Más allá de la controversia: preguntas que persisten
¿Por qué, ante la magnitud del debate, la gobernadora no ha retirado la nominación? ¿Es una muestra de testarudez política, o de lealtad hacia una figura de extrema confianza? Algunos se preguntan si no existe otra persona en quien la gobernadora pueda confiar para un puesto de tan alta responsabilidad. ¿Acaso, entre una amplia gama de profesionales preparados y con experiencia en la gestión pública o en relaciones intergubernamentales, no hay otra figura que reúna las condiciones de confianza, competencia y viabilidad política? Esta pregunta, aunque incómoda, es legítima cuando el costo político de una nominación empieza a eclipsar sus méritos técnicos o éticos. Sin embargo, es válido considerar que el puesto de Secretaria de Estado no es meramente técnico: requiere afinidad, coordinación constante y plena confianza entre gobernador y secretario.
Pero ¿cómo se balancea ese derecho del Ejecutivo a escoger su equipo cercano, con el deber constitucional del Senado de evaluar, aprobar o rechazar a quienes ocuparán esos cargos? ¿Dónde confluyen, o colisionan, la confianza ejecutiva y el criterio legislativo?
Asimismo, surgen preguntas legítimas sobre el posible conflicto de interés, aunque legalmente atendido, por el hecho de que los dos puestos más influyentes del Ejecutivo, Secretario de la Gobernación y Secretaria de Estado, estén ocupados por un matrimonio. ¿Afecta esto la percepción de independencia o de separación de responsabilidades, incluso si se han presentado las debidas inhibiciones ante la Oficina de Ética Gubernamental?
El ajedrez político: una partida en desarrollo
Lo que estamos presenciando se asemeja a una partida de ajedrez político en pleno desarrollo. La gobernadora, al insistir en esta nominación, hace un movimiento audaz que puede interpretarse como ofensivo (una torre que no se retira), o como estratégico (proteger a la reina en el centro del tablero). El Senado, por su parte, contraataca posicionando piezas que limitan el rango de acción de la gobernadora. Cada declaración pública, cada voto anticipado y cada postura de los senadores no es solo una jugada: es parte de una táctica más amplia.
Y como en el ajedrez, hay piezas que parecen sacrificarse para ganar control del tablero. ¿Será Ferraiuoli esa pieza, o es el eje de una apertura pensada para cambiar la correlación de fuerzas en la política interna del PNP? ¿Está la gobernadora mostrando firmeza para enviar un mensaje de autoridad? ¿O corre el riesgo de atrincherarse en una defensa innecesaria que le reste capital político a mediano plazo?
El tiempo, y la próxima jugada, dirán si estamos ante una estrategia calculada o una apuesta de alto costo.
Entre la legalidad, la percepción y la introspección institucional
La nominación de Verónica Ferraiuoli no solo ha sido un ejercicio de escrutinio legislativo, sino un caso de estudio sobre los límites entre la legalidad, la ética y la percepción. Su situación evidencia la necesidad de contar con criterios más objetivos y consistentes para evaluar la idoneidad de los funcionarios. Si la transparencia autónoma y la corrección voluntaria son castigadas con igual severidad que la ocultación intencional, se corre el riesgo de disuadir la honestidad y fomentar el silencio.
Puerto Rico necesita servidores públicos íntegros, pero también una clase política que aplique sus principios de forma equitativa, sin sesgos ideológicos ni agendas internas. El caso Ferraiuoli nos recuerda que no solo importa lo que se exige, sino a quién, cómo y por qué se le exige.
En última instancia, la pregunta que queda es esta: ¿Queremos un gobierno donde los errores se corrijan con transparencia, o un gobierno donde se premia el silencio mientras el error no sea expuesto? La respuesta no debe encontrarse en el partido, sino en el principio.
Referencias con enlaces activos
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Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1952)
Artículo IV, Sección 7 -
Senado expulsa a Nicolás Nogueras
El Nuevo Día (1996, agosto 30) -
Verónica Ferraiuoli da su versión, pero no convence a todos los senadores
El Nuevo Día (2025a, abril 23) -
Senadores del PNP confirman su voto en contra de Verónica Ferraiuoli
El Nuevo Día (2025b, abril 24) -
Ferraiuoli asegura que no renunciará y tilda de machista las críticas en su contra
Metro PR (2025, abril 25) -
Cámara impone sanción a Mariana Nogales por omisión en informes éticos
Primera Hora (2023, septiembre 5) -
Gobernadora defiende a capa y espada a Verónica Ferraiuoli
Telemundo PR (2025, abril 24)
Daniel Marte, PhD
Daniel Marte es un reconocido académico y profesional con una destacada trayectoria en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Obtuvo su doctorado (Ph.D.) en la prestigiosa Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y cuenta con dos maestrías: una en Administración Pública (M.P.A.) y otra en Administración de Empresas (M.B.A.) de la misma institución. Además, posee una Maestría en Sistemas de Información (M.I.S.) y un Bachillerato en Administración (B.B.A.) de la Universidad de Maryland, College Park.
A lo largo de su carrera, Daniel ha enriquecido su formación académica con certificados ministeriales de instituciones reconocidas, como las Asambleas de Dios, Berean School of the Bible y Global University. Actualmente, se desempeña como profesor en línea en la McCourt School of Public Policy de Georgetown University y el Departamento de Política de NYU-Wilf Family, donde imparte cursos especializados en Ciencias Políticas, Política Internacional y Política en el Medio Oriente.
La pasión de Daniel por la enseñanza se complementa con su dedicación a la investigación y la escritura. Es autor de un libro basado en su tesis doctoral, utilizado como texto de referencia en destacadas universidades de los Estados Unidos, como la National Defense University, National War College, Army War College, American University y la Ford School of Public Policy de la Universidad de Michigan, Ann Arbor.
Con más de 35 años de experiencia combinada en las fuerzas armadas y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Daniel ha trabajado en seguridad nacional e inteligencia, además de servir como asesor para los comités de inteligencia y defensa del Congreso de los Estados Unidos, abarcando tanto la Cámara de Representantes como el Senado.
Elizabeth Marte
Elizabeth, esposa de Daniel, es una destacada profesional de la salud con una sólida carrera en enfermería. Obtuvo su Bachillerato en Ciencias de la Enfermería (BSN) en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y ha acumulado una vasta experiencia como enfermera registrada (RN) en hospitales y centros de diálisis. Actualmente, se encuentra en el proceso de comenzar sus estudios doctorales en Psicología Clínica (PsyD.) en la Universidad Albizu.
Compromiso con la comunidad y la fe
Daniel y Elizabeth son miembros activos de la Iglesia Movimiento Avivamiento Mundial (M.A.M.) en el Barrio Guerrero de Isabela, Puerto Rico, donde colaboran bajo la guía del Pastor Gabito Rodríguez. Su participación en esta comunidad de fe refleja su dedicación a integrar la espiritualidad y el servicio en todas las facetas de sus vidas, fortaleciendo tanto su compromiso académico como su ministerio.