Proyecto Dignidad: Del hallazgo a la reconsideración, y de la reconsideración al expediente final

“Y cuando uno promete ser radicalmente distinto, no basta con salir menos mal que lo esperado.” – Dr. Daniel Marte

La pureza que no sobrevivió intacta al expediente final

Durante semanas, buena parte de la discusión pública intentó girar en torno a la iglesia, a la Oficina de Base de Fe y al supuesto escándalo que algunos quisieron fabricar a partir de la relación entre el gobierno y las comunidades de fe. Pero a estas alturas, el problema ya no puede quedarse ahí. ¿La pregunta sería: no es solo qué hace o no hace una oficina de base de fe? La pregunta sería: ¿qué credibilidad tiene un partido que se presenta como sinónimo de integridad, transparencia y cumplimiento cuando su propio expediente oficial evidencia fallas, correcciones posteriores y sanciones finales que no han desaparecido del todo? (Oficina del Contralor Electoral [OCE], 2022a, 2022b, 2022c)

Y aquí conviene hablar con precisión. El expediente relevante no es un solo documento. Son tres. Primero, el Informe de auditoría OCE-G-21-015, emitido el 24 de febrero de 2022, en el que la Oficina del Contralor Electoral formuló los hallazgos iniciales y notificó las multas y devoluciones originales. Segundo, la Determinación parcial sobre la solicitud de reconsideración, en la que la OCE evaluó los planteamientos del partido, aceptó algunas correcciones y dejó sin efecto varias sanciones iniciales. Y tercero, la Determinación final sobre la solicitud de reconsideración, que fijó el saldo definitivo de lo que quedó en pie tras las aclaraciones, enmiendas y defensas presentadas por Proyecto Dignidad. Ese, y no otro, es el marco serio para evaluar el tema (OCE, 2022a, 2022b, 2022c).

El informe original fue severo. Allí la OCE notificó multas administrativas por $41,629.60 al Comité Proyecto Dignidad, $10,450.00 al tesorero y una devolución de $9,984.43 al Secretario de Hacienda. Pero ese no fue el punto final del caso. Luego de la reconsideración, varias multas fueron dejadas sin efecto, otras se redujeron y algunas deficiencias fueron subsanadas. El producto final fue mucho menor, sí, pero no inexistente: la Determinación final dejó vigentes $2,750.00 en multas al comité, $1,950.00 al tesorero y una devolución de $1,061.00 al Secretario de Hacienda (OCE, 2022a, 2022c).

Ese dato, por sí solo, ya destruye dos caricaturas. La primera, la del adversario que quisiera decir que nada se corrigió. Eso sería falso. La segunda, la del partidario que quisiera decir que todo quedó limpio y reivindicado. Eso también sería falso. La verdad documentada es más incómoda y, por eso mismo, más importante: Proyecto Dignidad logró reducir parte del daño, pero no logró salir intacto del expediente final (OCE, 2022a, 2022b).

Hay que decirlo con honestidad intelectual. La reconsideración sí produjo cambios reales. En la Determinación parcial, la OCE dejó sin efecto el Hallazgo 1, relacionado con donaciones en exceso del límite permitido por la ley. También dejó sin efecto las multas de los Hallazgos 3 y 4, relacionadas con el ingreso no depositado de $350 y el pago en efectivo a Elysanta Photography, tras aceptar la reclasificación de dicha transacción. Más adelante, en la Determinación final, la OCE también dejó sin efecto la multa del Hallazgo 5 por ingresos y gastos no informados, así como la orden de devolución relacionada con dichos ingresos privados no informados. Además, dejó sin efecto la sanción del Hallazgo 8 por los documentos firmados requeridos al inicio del proceso, una vez que dichos documentos fueron finalmente producidos (OCE, 2022a, 2022b).

Pero precisamente ahí es donde el argumento de la pureza absoluta se cae. Porque aun quitando todo eso, todavía quedaron en pie hallazgos suficientes para cuestionar seriamente el discurso de integridad impecable. Y aquí no estamos hablando del borrador ni del ruido de las redes. Estamos hablando del documento final de la autoridad fiscalizadora competente (OCE, 2022a).

El primero de los hallazgos que sobrevivió fue el Hallazgo 2, relativo a la donación recibida de una persona jurídica no organizada conforme a la ley. La controversia era por $75.00. Durante la reconsideración, el partido intentó explicar el origen personal de uno de los pagos, pero la OCE mantuvo el hallazgo, mantuvo la multa de $150.00 al comité y mantuvo la devolución de $75.00 al Secretario de Hacienda. La cantidad podrá parecer pequeña, pero el significado político no lo es. Un partido que se presenta como cátedra nacional de cumplimiento no debería terminar con una sanción final, aunque sea modesta, por recibir un donativo contrario a la ley (OCE, 2022a).

El segundo hallazgo vigente fue el Hallazgo 6, quizá el más sensible para cualquier organización que quiera presumir transparencia. El informe original hablaba de 91 donaciones no identificadas conforme a la ley, por un total de $4,783.12. Pero esa cifra ya no es la que debe usarse. Tras la reconsideración, la OCE reconoció que muchas de esas deficiencias ya habían sido subsanadas. Aun así, no todas lo fueron. En la Determinación final, el problema quedó reducido a 17 ocasiones, por un total de $986.00, y la OCE mantuvo $1,700.00 en multa al comité, $1,700.00 en multa al tesorero y la devolución de $986.00 al Secretario de Hacienda. Esa es la cifra correcta. Y esa cifra, aunque menor que la inicial, sigue siendo incompatible con la imagen del partido que habla como si la transparencia fuera una cualidad exclusiva de los suyos (OCE, 2022a, 2022c).

El tercer hallazgo que sobrevivió fue el 7, debido a deficiencias en los controles internos. También aquí hubo reducción. El informe original era bastante más amplio y costoso. Pero luego de la reconsideración, la OCE mantuvo el señalamiento y dejó vigentes $800.00 de multa por no proveer los documentos requeridos y $100.00 por no llevar una contabilidad completa y detallada. Esa parte es especialmente importante porque ya no se trata de un debate ideológico, sino de una cuestión de capacidad administrativa básica. La determinación final sigue indicando, de manera concreta, que hubo fallas en la documentación y en la contabilidad. Y cuando un partido aspira a gobernar, eso pesa más que cualquier consigna moral (OCE, 2022a, 2022c).

El cuarto hallazgo vigente fue el Hallazgo 9, contra el tesorero, por no enmendar los informes tras percatarse de errores u omisiones. La multa original era mayor, pero la OCE la redujo en la reconsideración y la fijó en $250.00. Es importante notar que la reducción no eliminó el señalamiento. Lo que ocurrió no fue una absolución, sino una mitigación. Jurídicamente y políticamente, eso no es lo mismo. La Determinación final deja claro que la OCE consideró las circunstancias planteadas, pero aun así mantuvo la conclusión de incumplimiento (OCE, 2022a, 2022c).

Aquí es donde muchos intentarán refugiarse en la defensa más predecible: “era un partido nuevo”. Pero ese argumento no resuelve el problema. Lo agravó. Porque un partido nuevo puede pedir comprensión si llega al debate público con humildad institucional. Lo que no puede hacer es reclamar indulgencia por sus propias fallas y, al mismo tiempo, exigir autoridad moral superior para juzgar las de los demás. Más aún, el expediente demuestra que la OCE ya tomó en cuenta las correcciones, las explicaciones y las enmiendas. Y aun después de hacerlo, dejó sanciones vigentes. Por tanto, la defensa del “partido nuevo” no borra el dato central: incluso después de la corrección, no salieron limpios (OCE, 2022a, 2022b).

Y aquí entra la pregunta que de verdad incomoda. Si con una operación electoral comparativamente pequeña, con un aparato mucho más limitado que el de un gobierno, y con un universo administrativo infinitamente menor que el del Estado, terminaron imponiendo sanciones finales por donativos, identificación de donantes, controles internos y manejo de informes, ¿sobre qué base concreta le piden al país que crea que sí sabrán manejar las finanzas de Puerto Rico? Esa pregunta no nace del odio. Nace de la proporción. Gobernar Puerto Rico no es cuadrar una campaña. Gobernar Puerto Rico implica supervisar agencias, corporaciones públicas, reglamentos, fondos federales, compras, auditorías, el cumplimiento presupuestario y una estructura humana inmensa. Si el expediente final ya reveló grietas en pequeño, es legítimo preguntarse cómo responderían en grande. Esa inferencia es razonable a partir del propio patrón documental vigente (OCE, 2022a).

La duda también se extiende al capital humano necesario para gobernar. Un partido puede tener discurso, indignación y buena publicidad. Pero gobernar exige cuadros técnicos, administradores sólidos, tesorerías disciplinadas, equipos de cumplimiento y mandos medios capaces de sostener un aparato complejo sin improvisación crónica. Si el argumento es que resolverán eso reclutando a personas del mismo ecosistema político que suelen denunciar como corrupto, entonces la pureza era un eslogan. Y si el argumento es que bastará con entusiasmo y buena intención, entonces el riesgo es otro: el del neófito con poder administrativo, presupuesto público y margen de error mínimo. Puerto Rico no necesita administradores amateurs con vocación de cruzados. Necesita gente que sepa ejecutar sin que el país tenga que asumir el costo del aprendizaje.

Por eso este asunto ya no es meramente moral. Es administrativo. No basta con sonar limpio. Hay que demostrar capacidad de gobierno. Y la Junta de Supervisión Fiscal, los mercados, los acreedores y cualquier aparato serio de fiscalización no reaccionan a consignas de pureza. Reaccionan a los controles, al cumplimiento, a la documentación y a la ejecución. Precisamente, las áreas en las que el expediente final de Proyecto Dignidad no quedó en cero.

Esa es la lección más importante de los tres documentos. El Informe de auditoría OCE-G-21-015 presentó los hallazgos iniciales. La Determinación parcial sobre la solicitud de reconsideración mostró los intentos de corrección y los primeros alivios. Y la Determinación final sobre solicitud de reconsideración mostró el saldo real y definitivo: un partido que logró reducir el golpe, sí, pero que no logró salir limpio del expediente (OCE, 2022a, 2022b, 2022c).

Y ahí está la estocada final.

El problema no es que Proyecto Dignidad haya sido destruido por la auditoría. No lo fue. El problema es que tampoco fue vindicado por completo. El problema es que un partido que quiso venderse como reserva moral del país terminó necesitando reconsideración, reducción de multas y corrección de documentos para llegar a un resultado que, aun así, siguió imponiendo sanciones finales. El problema no es que otros sean peores. El problema es que ellos prometieron ser radicalmente distintos.

Y cuando uno promete ser radicalmente distinto, no basta con salir menos mal que lo esperado.

Hay que salir limpio.

Y Proyecto Dignidad, según su expediente final, no salió limpio (OCE, 2022a).

Referencias (Haga click para ver los documentos oficiales)

Oficina del Contralor Electoral. (2022a). Determinación final sobre la solicitud de reconsideración: Multas administrativas OCE-NMA-2022-007 y 008, orden de devolución de donativos, informe de auditoría OCE-G-21-015 [Determinación administrativa final].

Oficina del Contralor Electoral. (2022b). Determinación parcial sobre la solicitud de reconsideración: Multas administrativas OCE-NMA-2022-007 y 008, informe de auditoría OCE-G-21-015 [Determinación administrativa].

Oficina del Contralor Electoral. (2022c, 24 de febrero). Informe de auditoría OCE-G-21-015: Año eleccionario 2020, Partido Proyecto Dignidad [Informe de auditoría].