Cuando el “conservadurismo” se convierte en coartada

“La medida definitiva de un hombre no es dónde se encuentra en momentos de comodidad y conveniencia, sino dónde se encuentra en tiempos de desafío y controversia” — MLK Jr.

En Puerto Rico se ha generado una controversia reveladora en torno a las oficinas de base de fe. Y digo reveladora porque no solo expone una diferencia de criterio sobre política pública, sino algo más profundo: la facilidad con la que algunos se apropian del lenguaje conservador mientras vacían de contenido sus fundamentos más esenciales.

Ahora resulta que ciertos sectores quieren justificar el desmantelamiento de estas oficinas apelando al viejo argumento de que representan “más gobierno”, “más burocracia” o un aparato estatal más grande. El problema con esa línea no es únicamente que sea simplista. El problema real es que pretende vestir de conservadurismo una postura que, en el fondo, desconoce una de las bases históricas y morales del pensamiento conservador: la centralidad de la fe, la comunidad moral, la mediación social y las instituciones que conforman el carácter antes de que intervenga el Estado. Esa tensión no es imaginaria. Mientras La Fortaleza ha defendido que estas oficinas operan como enlaces entre el gobierno y las comunidades de fe, y ha insistido en que su marco responde a disposiciones legales ya existentes, también se ha señalado oficialmente que la política pública de voluntariado y servicios comunitarios de las organizaciones de base de fe debe desarrollarse desde la Oficina de Base de Fe de La Fortaleza. (El Nuevo Día)

El conservadurismo serio nunca ha consistido meramente en recortar estructuras por reflejo. Ese no es pensamiento conservador. Eso, en el mejor de los casos, es una caricatura libertaria mal digerida. El conservadurismo, correctamente entendido, reconoce que el orden social sano no se sostiene únicamente con el mercado, los reglamentos o los eslóganes de eficiencia. Se sostiene también sobre las convicciones morales, los deberes compartidos, las asociaciones voluntarias, la responsabilidad comunitaria y una visión trascendente de la persona humana. Cuando el gobierno reconoce interlocutores comunitarios que ya sirven al pueblo, no necesariamente se está agrandando en su peor versión. En ocasiones, se reconoce una realidad social previa al propio Estado: que la iglesia, las organizaciones de fe y el tercer sector llevan décadas llenando vacíos donde la burocracia no llega o llega tarde. Esa lógica de enlace y servicio también ha sido reconocida en la legislación reciente. La Ley 154 de 2025, por ejemplo, describe a este personal como un puente de comunicación y un enlace entre el sector religioso, el tercer sector y el gobierno. (LexJuris de Puerto Rico)

Por eso llama tanto la atención la contorsión discursiva de quienes primero hablan de eliminar y luego, cuando el costo político sube y la controversia crece, empiezan a decir que no, que en realidad lo que desean es “transformarlas”. Ese cambio no parece ser producto de una reflexión filosófica más madura. Parece más bien un salvavidas retórico lanzado en medio del oleaje. De hecho, en publicaciones recientes atribuidas a Proyecto Dignidad se reconoce “el valor de las organizaciones de fe”, pero, al mismo tiempo, se propone que las oficinas sean “transformadas”, alegando una “desviación hacia la influencia política”. (facebook.com)

Ese giro importa. Importa mucho. Porque delata una contradicción de fondo. Si de verdad el problema fuera la estructura misma, entonces la propuesta seguiría siendo eliminarla. Pero cuando se percibe que la eliminación absoluta luce hostil, exagerada o políticamente torpe, entonces aparece el nuevo lenguaje: “transformación”, “revisión”, “reorientación”. Lo que antes, supuestamente, era intolerable por principio, de pronto se vuelve reformable por conveniencia. Y esa transición no transmite firmeza intelectual. Transmite el cálculo.

Más grave aún es la insistencia en mantener, aun después del repliegue verbal, la sospecha de que pastores e iglesias reciben ayudas o fondos “a cambio de”. Ahí el problema ya no es solo ideológico. Es moral. Porque insinuar que la relación entre comunidades de fe y gobierno está contaminada por el intercambio político, la compra de conciencia o favores encubiertos exige prueba, no mera sospecha. No basta con lanzar la nube para después refugiarse en frases ambiguas. Cuando se sugiere que pastores e iglesias reciben apoyo a cambio de alineamiento político, se está rozando la imputación seria de corrupción moral y de instrumentalización religiosa. Eso no se despacha con insinuaciones ni con frases cuidadosamente incompletas. Si hay evidencia, que se presente. Si no la hay, lo responsable es dejar de intoxicar el debate público con acusaciones que sirven más para agitar a las filas propias que para esclarecer la verdad.

Además, la discusión honesta exige recordar que estas oficinas no surgieron de la nada ni operan únicamente como un capricho circunstancial. La propia cobertura reciente ha señalado que en Puerto Rico ya existen oficinas o enlaces de base de fe en espacios como La Fortaleza, el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y ciertos municipios, y que la defensa oficial se apoya, entre otras cosas, en la Ley 5 de 2011, la cual dispone de una persona de enlace para grupos comunitarios y basados en la fe en las agencias gubernamentales. El portal del Departamento de Educación, de hecho, muestra la Oficina de Base de Fe en su estructura administrativa. (El Nuevo Día)

Eso no significa que toda implementación haya sido perfecta. Ninguna estructura humana está exenta de fiscalización. Un conservador serio puede cuestionar excesos, usos impropios, duplicidad administrativa o desviaciones partidistas concretas. Puede exigir límites, controles, transparencia y funciones claras. Puede oponerse a que una oficina sirva de maquinaria de propaganda. Todo eso es válido. Lo que no puede hacer, sin caer en incoherencia, es usar la bandera conservadora para atacar de forma indiscriminada toda interfaz entre el gobierno y las comunidades de fe, como si el solo reconocimiento institucional de esas comunidades fuera una amenaza a la libertad o un pecado contra el buen gobierno.

En realidad, ahí se revela una visión pobre de la propia sociedad. Porque si algo distingue al conservadurismo, de verdad, es su desconfianza hacia el monopolio estatal, sí, pero también su reconocimiento de los cuerpos intermedios: familia, iglesia, asociaciones, comunidades locales. El Estado no debe reemplazarlos. Debe respetarlos. Y cuando se crean mecanismos de enlace para facilitar el servicio, la coordinación y la respuesta comunitaria, lo importante no es demonizar el mecanismo, sino asegurarse de que no suplante la misión espiritual de la iglesia ni prostituya su integridad.

Ese es precisamente el punto que muchos están evitando. La iglesia no existe para servirle de adorno al gobierno, pero tampoco debe ser tratada como una sospechosa automática cada vez que colabora en tareas de bien social. Pensar lo contrario no es prudencia conservadora. Es cinismo disfrazado de pureza. Y cuando ese cinismo fracasa públicamente, entonces se intenta recoger vela diciendo que ya no se quiere “eliminar”, sino apenas “transformar”. En buen español: se cambia la palabra para no admitir que la primera postura generó rechazo.

Lo que estamos viendo, entonces, no es una defensa sólida del conservadurismo. Es un uso selectivo de sus términos para librar una batalla coyuntural en un mar de controversias que ya les ha golpeado bastante. Por eso el cambio de tono no luce como convicción. Luce como maniobra. No como prudencia. Como control de daños.

Al final, el debate no debe centrarse en si suena elegante decir “menos gobierno”. Debe centrarse en si esas oficinas, bien delimitadas y fiscalizadas, cumplen una función legítima de enlace, apoyo comunitario y articulación social sin convertirse en instrumentos de favoritismo o politiquería. Esa es la pregunta seria. Y quien quiera discutirla con honestidad tendrá que hacer algo más que repetir clichés sobre la burocracia o lanzar sospechas sobre pastores e iglesias. Tendrá que decidir si de verdad cree en la importancia pública de la fe, de la comunidad moral y de las instituciones que sostienen el tejido social, o si solo invoca el conservadurismo cuando le sirve como arma arrojadiza.

Porque cuando algunos “conservadores” olvidan que una de las cosas más importantes que se debe conservar es precisamente la base moral y espiritual de una sociedad libre, dejan de defender una filosofía. Empiezan simplemente a administrar una controversia.

Dr. Daniel Marte