Un análisis bíblico, geopolítico, político y ético sobre las acusaciones, las teorías conspirativas y la confusión entre libertad religiosa y aprobación doctrinal

Introducción: cuando cuestionar una afirmación se interpreta como traición

En determinados sectores del cristianismo puertorriqueño parece haberse instalado una práctica preocupante: cuestionar una afirmación, solicitar evidencia o defender un principio constitucional puede bastar para que alguien termine señalado como enemigo de la Iglesia. Poco importa su trayectoria ministerial, sus años de estudio de las Escrituras o la firmeza de sus convicciones doctrinales. Disentir de una narrativa determinada puede desencadenar acusaciones que ponen en entredicho su fidelidad a Cristo. La contradicción merece atención, particularmente cuando esos señalamientos provienen de personas que aseguran defender la verdad bíblica, la moral cristiana y los valores conservadores. Ante semejante escenario, conviene formular una pregunta incómoda: ¿estamos defendiendo la verdad o exigiendo que los demás se sometan a nuestras interpretaciones?

Las publicaciones recientes relacionadas con el pastor René Pereira Jr., la Dra. Angie González y el comunicador Ray Cruz Santiago permiten examinar una situación que trasciende las diferencias entre sus protagonistas. Las capturas de pantalla compartidas muestran cómo una controversia en asuntos jurídicos, políticos y religiosos deriva en cuestionamientos sobre la legitimidad ministerial de una persona. Entre los materiales aparece una imagen, expresamente identificada como generada por inteligencia artificial, que representa al pastor Pereira con vestimenta propia de una figura religiosa musulmana. El problema merece un examen que vaya más allá de determinar si la imagen resulta ofensiva. Interesa conocer qué mensaje pretende transmitir y si existe evidencia que justifique la asociación que sugiere. Cuando una representación visual desplaza el argumento y una etiqueta pretende sustituir la demostración, la discusión pierde rigor y el debate público se empobrece.

I. Base bíblica: la verdad no necesita de la falsedad para ser defendida

Quién defiende la sana doctrina tiene, ante todo, la responsabilidad de actuar conforme a los principios de la Palabra de Dios. Sería contradictorio reconocer las Escrituras como autoridad moral y recurrir a prácticas incompatibles con sus enseñanzas. Éxodo 20:16 prohíbe el falso testimonio; Proverbios 18:13 advierte sobre la insensatez de responder antes de escuchar, y Santiago 1:19 exhorta a ser prontos para oír y tardos para hablar. Los tres pasajes, en sus respectivos contextos, ofrecen principios relacionados con la veracidad, la prudencia y el dominio propio. Su pertinencia ética no desaparece cuando discutimos política, asuntos constitucionales, diferencias religiosas o controversias entre ministros.

Deuteronomio 19:15 establece, en el sistema judicial israelita, la necesidad de contar con testimonios suficientes para determinar los hechos. No sería correcto trasladar mecánicamente ese procedimiento al debate público contemporáneo, pero su preocupación por evitar acusaciones arbitrarias conserva valor como principio de justicia. Proverbios 18:17 introduce otra consideración: una primera versión puede parecer convincente hasta que se escucha a la otra parte y se examinan sus argumentos. Aplicado a la controversia que nos ocupa, quién alega la existencia de un supuesto complot político-religioso entre figuras públicas debe aportar evidencia verificable. La cantidad de personas que repitan una acusación no determina su veracidad.

Primera de Tesalonicenses 5:21 contiene una exhortación especialmente pertinente: examinarlo todo y retener lo bueno. Pablo no presenta la autoridad espiritual como sustituto del discernimiento. La enseñanza debe someterse a evaluación, y el creyente tiene la responsabilidad de distinguir entre lo que merece aceptación y lo que debe rechazarse. Hechos 17:11 ofrece el ejemplo de los bereanos, quienes examinaban diariamente las Escrituras para comprobar las enseñanzas que recibían. Si la predicación apostólica fue objeto de semejante examen, ¿qué fundamento tendría exigir que las afirmaciones de un pastor, comentarista o analista político fueran aceptadas sin cuestionamientos?

Defender derechos no equivale a compartir creencias

Una de las acusaciones dirigidas contra el pastor Pereira surge de su reconocimiento del derecho constitucional de las personas vinculadas al satanismo a ejercer sus creencias dentro de los límites establecidos por la ley. La discusión revela una confusión entre dos ámbitos que deben mantenerse diferenciados: la evaluación teológica de una doctrina y el reconocimiento jurídico de la libertad religiosa. Un cristiano puede rechazar categóricamente el satanismo como sistema espiritual y reconocer, a la vez, que el Estado no puede perseguir arbitrariamente a una persona por sus convicciones religiosas. Defender esa garantía constitucional no implica profesar, promover ni aprobar las creencias protegidas. Ignorar la distinción conduce a reclamar para nosotros libertades que estaríamos dispuestos a negar a quienes piensen de manera diferente.

En Juan 18:36, Jesús declara que su reino no es de este mundo. La interpretación de este pasaje ha ocupado un lugar importante en la reflexión teológica sobre la relación entre la autoridad mesiánica y el poder político. No constituye una prohibición de la participación cristiana en los asuntos públicos, pero sí exige cautela ante cualquier intento de identificar automáticamente el Reino de Dios con un gobierno humano. Romanos 13 aborda las responsabilidades de las autoridades civiles, mientras que Hechos 5:29 establece la primacía de la obediencia a Dios cuando existe un conflicto real entre las exigencias humanas y la voluntad divina. Estos textos deben estudiarse en sus respectivos contextos, sin convertirlos en argumentos simplistas para justificar posiciones políticas contemporáneas. La fidelidad cristiana no exige que toda convicción doctrinal se convierta en legislación civil obligatoria.

La Iglesia tiene la responsabilidad de predicar a Cristo, enseñar la verdad y confrontar, desde las Escrituras, las doctrinas que considera erróneas. Esa responsabilidad no autoriza a fabricar acusaciones, tergiversar declaraciones ajenas ni cuestionar la fidelidad espiritual de un hermano por haber reconocido una garantía constitucional. Efesios 4:15 vincula la verdad con el amor, mientras que el versículo 25 exhorta a desechar la mentira. No existe coherencia entre defender públicamente la verdad espiritual y sacrificar la exactitud de los hechos para fortalecer una posición. Cuando una causa requiere distorsionar las declaraciones de otros para sostenerse, corresponde examinar la calidad de sus argumentos, por más religioso que sea el lenguaje utilizado para presentarla.

II. Base geopolítica: Puerto Rico, el islam y la realidad estratégica de Estados Unidos

Las alegaciones sobre una supuesta estrategia destinada a convertir a Puerto Rico en un territorio dominado por el islam político merecen un examen que trascienda las interpretaciones religiosas. Entre los argumentos que circulan, figuran referencias a la presencia musulmana en Estados Unidos, a la elección de Zohran Mamdani en Nueva York y a presuntas alianzas con dirigentes políticos puertorriqueños. Desde la perspectiva de los estudios geopolíticos y de seguridad, ninguna de esas circunstancias demuestra por sí misma la existencia de una operación coordinada. Una hipótesis estratégica exige identificar actores, objetivos, recursos disponibles, mecanismos de influencia, capacidades operativas e indicios comprobables de coordinación. Sin esos elementos, podemos encontrarnos ante un escenario hipotético, pero no ante una amenaza cuya existencia haya quedado demostrada. Esta exigencia de distinguir entre amenazas demostradas y amenazas discursivamente construidas resulta compatible con los enfoques de securitización que estudian el papel de los actores, las audiencias y el contexto (Balzacq, 2005; Buzan et al., 1998).

La discusión requiere distinguir tres categorías: islam, islamismo político y yihadismo violento. El islam es una tradición religiosa cuyos seguidores pertenecen a distintas sociedades, culturas y corrientes interpretativas. El islamismo político comprende movimientos que procuran organizar aspectos de la vida pública y las instituciones mediante interpretaciones políticas de principios islámicos; sus posiciones respecto a la democracia, la participación electoral y el uso del poder no son uniformes. El yihadismo violento, por su parte, designa corrientes extremistas que justifican la violencia armada o el terrorismo a partir de determinadas interpretaciones religiosas. Confundir estas categorías impide evaluar adecuadamente tanto la diversidad de las comunidades musulmanas como los riesgos asociados a las organizaciones extremistas. Sería comparable a tratar como una misma realidad política todas las denominaciones cristianas, incluidos los movimientos radicales que utilizan símbolos religiosos para justificar sus acciones. La literatura especializada también insiste en estudiar la diversidad de los movimientos islamistas y en evitar que una categoría general sustituya el análisis de sus conductas concretas (Kalyvas & Naghizadeh, 2025; Sadowski, 2006).

Puerto Rico ocupa una posición geográfica relevante en el Caribe y forma parte de la estructura territorial y estratégica de Estados Unidos. Su ubicación favorece actividades de cooperación regional, la movilidad militar, la logística y las operaciones relacionadas con la seguridad hemisférica. El Comando Sur de Estados Unidos ha documentado la utilidad de las instalaciones de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico para apoyar operaciones y ejercicios regionales. Desde una perspectiva de seguridad nacional, permitir que una organización hostil vinculada a grupos terroristas o a potencias adversarias adquiriera el control operacional sobre territorio estadounidense sería contrario a los intereses estratégicos fundamentales. Esto no significa que profesar el islam constituya una amenaza ni que la presencia musulmana deba interpretarse como una actividad hostil. Para evaluar un riesgo de seguridad importan las intenciones, las capacidades, las alianzas, las conductas y las operaciones verificables de los actores involucrados.

El precedente cubano también requiere una interpretación histórica cuidadosa. Algunos utilizan la permanencia de un gobierno comunista en Cuba para sugerir que Estados Unidos podría tolerar deliberadamente una transformación política hostil en Puerto Rico. Sin embargo, aceptar una realidad geopolítica que no se ha logrado modificar no equivale a considerarla conveniente. La invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de 1962 y las prolongadas tensiones diplomáticas y económicas posteriores a la Revolución cubana de 1959 muestran que Washington percibió importantes amenazas vinculadas a la relación entre Cuba y la Unión Soviética. Este antecedente permite estudiar los límites y los costos de las estrategias de contención, pero no demuestra una preferencia estadounidense por gobiernos hostiles en el Caribe. También debe reconocerse una diferencia jurídica esencial: Cuba es un Estado soberano, mientras que Puerto Rico mantiene una relación territorial y constitucional con Estados Unidos.

La elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York tampoco demuestra, por sí misma, la existencia de una conspiración destinada a islamizar Puerto Rico. Su identidad musulmana y su orientación hacia el socialismo democrático pueden examinarse desde las perspectivas teológicas, económicas y políticas. Ese examen es parte legítima de la deliberación pública. Sin embargo, ejercer la alcaldía de una ciudad estadounidense no confiere autoridad sobre el orden constitucional de Puerto Rico ni capacidad unilateral para modificar su soberanía. Una fotografía, una conversación o una coincidencia entre determinados actores políticos tampoco demostraría la existencia de un acuerdo para imponer la ley islámica. Una acusación de esa magnitud requiere documentos auténticos, comunicaciones verificables, acuerdos identificables, vínculos financieros, compromisos institucionales u otros indicios suficientemente corroborados.

Esto nos conduce a una pregunta concreta: ¿qué evidencia respalda el supuesto acuerdo entre Pablo José Hernández y Zohran Mamdani? La cuestión no depende de nuestras simpatías políticas, de las posiciones sociales que ambos puedan defender ni de nuestra disposición a respaldarlos electoralmente. Se trata de determinar si existe documentación verificable que permita afirmar que participan en una estrategia conjunta para transformar el orden religioso o político de Puerto Rico. Son asuntos distintos. Mientras la alegación carezca de respaldo probatorio suficiente, corresponde tratarla como una hipótesis no demostrada, no como un hecho establecido.

III. Base política y constitucional: los derechos no dependen de nuestras simpatías religiosas

El Artículo II, Sección 3, de la Constitución de Puerto Rico prohíbe el establecimiento de una religión y protege el libre ejercicio del culto religioso. También establece la separación entre Iglesia y Estado, dentro de un orden constitucional que reconoce la dignidad humana y prohíbe el discrimen por motivos de religión. Estas garantías no pertenecen exclusivamente a quienes practican el cristianismo. Su propósito es proteger la libertad de conciencia y las convicciones religiosas de las personas frente a intervenciones estatales incompatibles con el marco constitucional. Quienes tenemos derecho a predicar el Evangelio, establecer congregaciones, educar conforme a nuestras convicciones y participar en los asuntos públicos, debemos reconocer que esas mismas garantías protegen a ciudadanos de otras religiones. De lo contrario, la libertad religiosa dejaría de funcionar como principio general y quedaría sometida a las preferencias de quienes ejercen el poder político. En la filosofía política contemporánea, el problema de la justificación pública de las normas en sociedades de convicciones diversas se ha abordado mediante el concepto de razón pública (Areshidze, 2018; Freeman, 2020).

Ahora bien, la protección constitucional de las creencias no implica que cualquier conducta realizada en nombre de una religión quede automáticamente exenta de regulación. El Estado conserva facultades para proteger la vida, la seguridad, los derechos de terceros y otros intereses públicos, siempre dentro de los límites y estándares constitucionales aplicables. Debemos distinguir entre reconocer una creencia, proteger su expresión y determinar si una práctica concreta cumple con el ordenamiento jurídico. Un cristiano puede rechazar doctrinalmente el satanismo, el islam o cualquier otra tradición religiosa incompatible con sus convicciones sin exigir que sus seguidores pierdan las garantías constitucionales que también protegen a los cristianos. En una sociedad pluralista, la igualdad ante la ley constituye una salvaguarda fundamental contra la persecución religiosa.

La teoría política conservadora ofrece elementos para examinar este problema. El conservadurismo constitucional comprende una preocupación por la continuidad institucional, la prudencia en el ejercicio del poder, la responsabilidad moral y los límites que el orden jurídico impone a la autoridad. En el pensamiento de Edmund Burke, las instituciones y las prácticas políticas heredadas merecen una consideración cuidadosa, pues su estabilidad guarda relación con la experiencia histórica de las sociedades. Esto no equivale a sostener que toda institución existente sea justa ni que deba permanecer inalterada. Significa reconocer los riesgos de modificar el orden político mediante decisiones precipitadas o impulsadas por temores colectivos. Cuando la religión de una persona se utiliza como criterio para determinar qué derechos merece, también se debilitan las garantías institucionales de quienes promovieron inequívocamente esa exclusión.

Otro aspecto de la controversia consiste en utilizar las posiciones de Pablo José Hernández sobre asuntos como el aborto para cuestionar a quienes exquiénesidencia de las acusaciones dirigidas contra él. Una persona puede rechazar una plataforma política por razones morales, doctrinales o programáticas y, al mismo tiempo, insistir en que las imputaciones contra sus representantes estén debidamente fundamentadas. Ambas posiciones son compatibles. La oposición política responsable puede ejercer una crítica rigurosa sin atribuir a sus adversarios la participación en conspiraciones cuya existencia aún no ha sido demostrada. Cuanto mayores sean las diferencias ideológicas, más cuidado debemos tener al distinguir hechos, opiniones y sospechas. Las convicciones firmes pueden defenderse mediante argumentos verificables, sin necesidad de añadir acusaciones que excedan la evidencia disponible.

IV. Base ética: cuando la representación artificial sustituye el argumento

Las imágenes compartidas plantean una cuestión ética específica: el uso de la inteligencia artificial para representar a una persona mediante símbolos, vestimenta o elementos visuales que pueden modificar la percepción pública de sus creencias y lealtades. En este caso, una imagen del pastor Pereira con un turbante y vestimenta de apariencia religiosa musulmana aparece acompañada de mensajes que lo relacionan con una presunta defensa de figuras políticas controvertidas. La publicación identifica el material como creado con inteligencia artificial. Esa advertencia es pertinente, pero no resuelve por sí sola el problema comunicativo. Resulta necesario examinar si la imagen funciona como sátira reconocible, como argumento visual o como insinuación de una vinculación que no ha sido demostrada. En cualquier caso, una representación fabricada no constituye evidencia de las convicciones religiosas, las alianzas políticas o las conductas de la persona representada.

La ética periodística exige distinguir entre hechos, interpretaciones, opiniones y expresiones satíricas. Un comunicador tiene derecho a cuestionar severamente a pastores, políticos, académicos y dirigentes religiosos. Ese derecho forma parte de la libertad de expresión y del debate público. Pero la legitimidad de la crítica no exime de la responsabilidad de sustentar las afirmaciones fácticas. Cuando alguien sostiene que una persona ha salido en defensa de un dirigente político, debe identificar las expresiones que fundamentan esa interpretación y explicar por qué constituyen efectivamente una defensa. Si la actuación cuestionada consistió en solicitar evidencia de una acusación, presentarla automáticamente como respaldo político supone una inferencia que requiere una justificación adicional.

Desde la lógica argumentativa pueden identificarse varios problemas recurrentes en controversias de esta naturaleza. Uno de ellos es la culpabilidad por asociación, que se produce cuando se pretende vincular a alguien con el islam político por haber reconocido los derechos de los ciudadanos musulmanes o por haber cuestionado acusaciones dirigidas a un político de esa religión. Otro es la tergiversación de la posición ajena, que consiste en presentar la defensa de la libertad de conciencia como si fuera un respaldo doctrinal para determinadas creencias. También aparece el argumento ad hominem cuando la discusión sobre las pruebas se ve desplazada por descalificaciones personales o cuestionamientos sobre la identidad ministerial del interlocutor. Ninguno de estos recursos permite acreditar la existencia del supuesto acuerdo político-religioso que originó la controversia. La investigación sobre desinformación aporta criterios adicionales para comprender por qué ciertas creencias son difíciles de corregir incluso cuando se ofrece información contradictoria (Ecker et al., 2022).

El examen ético debe extenderse a quienes requieren dichas acusaciones. El pastor Pereira tiene derecho a responder públicamente, a explicar sus posiciones y a solicitar evidencia de los señalamientos dirigidos contra él. Ese derecho no convierte automáticamente en correctas todas sus apreciaciones. Por ejemplo, afirmar que el islam constituye un peligro para el mundo entero requiere distinguir entre organizaciones extremistas, movimientos políticos autoritarios y comunidades musulmanas cuyos integrantes no participan en actividades violentas. De igual manera, sostener que la Agenda 2030 dejó de existir confunde la insuficiencia de sus resultados con su vigencia formal como marco internacional de las Naciones Unidas. Una afirmación puede responder adecuadamente a una acusación y, aun así, contener imprecisiones que merecen corrección.

Esta consideración impide convertir la evaluación de una controversia en una defensa incondicional de cualquiera de sus participantes. Los argumentos deben examinarse con los mismos criterios, independientemente de que procedan de una persona con quien compartamos convicciones o de otra con quién tengamos diferencias profundas. La integridad intelectual exige reconocer errores verificables incluso cuando corregirlos resulte incómodo. Carecería de coherencia denunciar la tergiversación de expresiones ajenas mientras justificamos las inexactitudes de quienes coqueteamos con nuestros aliados. La credibilidad de una posición depende, en buena medida, de la disposición a someter sus propios argumentos al rigor que exige de los demás.

V. El miedo como instrumento de movilización religiosa y política

La psicología política y los estudios sobre la comunicación persuasiva permiten examinar otro fenómeno presente en las controversias públicas: el uso del temor como recurso para fortalecer la cohesión grupal. Cuando determinados discursos describen reiteradamente a la Iglesia como una comunidad rodeada de enemigos, presentan conspiraciones internacionales como amenazas inminentes e interpretan toda discrepancia como una señal de infiltración, pueden generar condiciones en las que cuestionar una afirmación se perciba como deslealtad. Bajo esas circunstancias, algunos integrantes de la comunidad podrían sentirse presionados a aceptar narrativas promovidas por figuras de autoridad, en lugar de evaluarlas individualmente. Fenómenos semejantes pueden estudiarse tanto en movimientos religiosos como en organizaciones partidistas de diversas orientaciones ideológicas. Para determinar su alcance concreto en Puerto Rico, haría falta una investigación empírica sobre los discursos, las audiencias y sus respuestas. La bibliografía sobre teorías conspirativas identifica motivaciones epistémicas, existenciales y sociales que pueden favorecer su aceptación (Douglas et al., 2017); los estudios sobre sectarismo político analizan, por su parte, la creciente hostilidad hacia los grupos considerados adversarios (Finkel et al., 2020).

El temor puede favorecer interpretaciones simplistas de problemas complejos. La difusión de ideas políticas, los movimientos migratorios, los cambios demográficos y las tensiones internacionales son fenómenos reales que merecen atención académica. Lo problemático surge cuando se agrupan acontecimientos distintos dentro de una explicación conspirativa sin demostrar las relaciones causales que supuestamente los conectan. Dos acontecimientos pueden coincidir sin que uno cause el otro; también pueden ocurrir en períodos cercanos sin que exista coordinación entre sus protagonistas. En geopolítica, distinguir entre correlación, causalidad e intención estratégica es indispensable. Las decisiones basadas en relaciones causales no demostradas pueden conducir a diagnósticos erróneos y respuestas políticas inadecuadas.

La tradición bíblica también ofrece criterios para reflexionar sobre el temor. Segunda de Timoteo 1:7 recuerda que Dios no ha dado a sus seguidores el espíritu de cobardía, sino el de poder, amor y dominio propio. El pasaje no exige ignorar amenazas auténticas ni renunciar a la prudencia ante peligros comprobados. Su aplicación ética apunta a evitar que el temor desplace el juicio responsable y conduzca a decisiones incompatibles con la fe profesada. Frente a creencias contrarias al Evangelio, la respuesta cristiana requiere convicción doctrinal, preparación intelectual, discernimiento espiritual y respeto a la dignidad de las personas. Esa combinación permite mantener profundas diferencias religiosas sin convertirlas automáticamente en hostilidad personal o política.

VI. La Iglesia está llamada a influir, no a confundir su misión con el control del Estado

He sostenido que la Iglesia está para influir, no para gobernar. Con esa afirmación no pretendo excluir a los cristianos de los procesos políticos ni reducir su participación pública a expresiones exclusivamente religiosas. Los creyentes tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano a votar, a aspirar a cargos electivos, a asesorar a los gobernantes, a promover la legislación y a participar en los debates nacionales. La distinción radica en reconocer que la participación cívica no constituye una autorización divina para controlar las instituciones estatales ni para determinar, según preferencias doctrinales, quiénes tienen qué libertades constitucionales. La influencia cristiana puede ejercerse mediante la enseñanza, el testimonio, la integridad, la justicia, el servicio y la participación responsable en la vida pública.

Resulta preocupante que, en determinadas controversias, la fidelidad espiritual de un ministro parezca evaluarse en función de su coincidencia con una narrativa política. Un pastor puede ser reconocido como defensor de los valores cristianos cuando denuncia el aborto y, sin embargo, enfrentar cuestionamientos sobre su compromiso con la fe al solicitar pruebas de una supuesta conspiración. Puede recibir respaldo por defender los derechos religiosos de los cristianos y críticas cuando recuerda que esas mismas garantías también protegen a los musulmanes y a los seguidores de otras tradiciones. Tales reacciones sugieren una posible confusión entre la fidelidad doctrinal y la adhesión a posiciones políticas específicas. Cuando ambas categorías se equiparen, el debate deja de centrarse en la calidad de los argumentos y comienza a girar en torno a quién sí o no pertenece al grupo considerado legítimo. Esa dinámica merece atención por sus implicaciones para el testimonio público de la Iglesia.

Los pastores y líderes cristianos conservan el pleno derecho de denunciar doctrinas que consideren incompatibles con las Escrituras. También pueden expresar preocupaciones sobre el islamismo político, el extremismo religioso, las agendas internacionales y determinadas corrientes ideológicas. Ninguna de esas preocupaciones debe quedar fuera del debate por el hecho de que surja desde una perspectiva confesional. La dificultad surge cuando las conclusiones exceden las pruebas disponibles y quienes sostienen la justificación terminan siendo tratados como adversarios de la fe. El liderazgo cristiano puede responder preguntas difíciles sin perder autoridad. En cambio, cuando sustituye la argumentación por descalificaciones, expone su credibilidad a cuestionamientos legítimos. La autoridad espiritual requiere humildad, transparencia y disposición para reconocer errores.

No todo el que nos cuestiona es nuestro enemigo

La controversia examinada tiene implicaciones que van más allá de René Pereira, Angie González, Ray Cruz, Pablo José Hernández o Zohran Mamdani. Nos enfrenta a un problema de discernimiento público: cómo distinguir entre una convicción religiosa, una preferencia política, una amenaza verificable y una acusación que todavía carece de respaldo suficiente. Es posible sostener principios conservadores, defender las enseñanzas bíblicas, rechazar ideologías incompatibles con nuestra fe y atender a los riesgos para la seguridad nacional sin abandonar la honestidad intelectual. También es posible mantener una oposición política firme y reconocer, al mismo tiempo, los derechos fundamentales de nuestros adversarios. Cuestionar una afirmación no convierte a nadie en enemigo de Cristo; puede ser, precisamente, una expresión de responsabilidad frente a la verdad.

Quienes sostienen la existencia de un supuesto acuerdo destinado a transformar religiosamente a Puerto Rico tienen la oportunidad de presentar sus pruebas y permitir su examen. Una acusación de semejante alcance exige documentación suficientemente sólida y procedimientos de verificación adecuados. Si aparecen evidencias auténticas, habrá que evaluarlas con el rigor correspondiente. Si no pueden corroborarse, corresponde reconocer que la hipótesis permanece sin demostrar. Ni la repetición de una sospecha, ni la aceptación de una audiencia, ni una imagen generada con inteligencia artificial constituyen, por sí mismas, pruebas de una conspiración. El debate religioso y político merece argumentos cuya credibilidad pueda establecerse mediante algo más que asociaciones e insinuaciones.

Mantengo la convicción de que la verdad no necesita defenderse mediante la falsedad y de que la fidelidad a Cristo no depende de repetir las afirmaciones de determinados líderes. Confundir el cuestionamiento con la traición supone renunciar a una parte esencial del discernimiento. Negar a otros las libertades que reclamamos para nosotros compromete la coherencia de nuestros principios constitucionales. Utilizar la fe para desacreditar injustamente a un hermano plantea, por su parte, una contradicción moral que no podemos ignorar. En cada uno de esos escenarios se impone la misma responsabilidad: examinar nuestras actuaciones a la luz de los principios que afirmamos y defendemos públicamente.

Defender la verdad exige demostrar nuestras afirmaciones, corregir los errores identificados y conservar la integridad, aun cuando ello implique cuestionar posiciones cercanas a nuestras propias convicciones. La firmeza doctrinal y el rigor intelectual pueden convivir. De hecho, cuando la Iglesia procura hablar con autoridad moral sobre asuntos públicos, ambos resultan indispensables.

“La fe cristiana no necesita manipulación para sostenerse. Las acusaciones requieren evidencia, no insinuaciones. Y quien afirma poseer la verdad debe estar dispuesto a someter sus argumentos a un examen responsable.” Dr. Daniel Marte

Referencias

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Finkel, E. J., Bail, C. A., Cikara, M., Ditto, P. H., Iyengar, S., Klar, S., Mason, L., McGrath, M. C., Nyhan, B., Rand, D. G., Skitka, L. J., Tucker, J. A., Van Bavel, J. J., Wang, C. S., & Druckman, J. N. (2020). Political sectarianism in America. Science, 370(6516), 533–536. https://doi.org/10.1126/science.abe1715

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